Nueva ley para perseguir la destrucción de los alimentos

El desperdicio de alimentos ha alcanzado cotas escandalosas por lo que supone de despilfarro de alimentos que pueden ser utilizados mediante otras formas de reparto o de aprovechamiento, pero también por la pérdida de recursos básicos como son el agua o la energía.

Esa realidad que, según los estudios llevados a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supone el desperdicio de hasta 1.300 millones de kilos de productos cada año en España, ha llevado a la aprobación este lunes por parte del Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley contra el desperdicio alimentario, una normativa que afectará a todos los eslabones de la cadena, desde la producción a la comercialización, la distribución y también el consumo.

El caso Almería

La nueva norma se inscribe en el objetivo defendido desde las Naciones Unidas para evitar la pérdida de millones de toneladas de alimentos que, tras su producción, no llegan a entrar en los circuitos comerciales y finalmente son destruidos.

Sólo en el sector de las hortalizas español se destruyen cada año más de 30 millones de kilos de hortalizas y Almería ostenta el dudoso ‘honor’ de ser la provincia española que acumula un mayor volumen de desperdicio, en torno a los 13 millones de kilos anuales.

El informe sobre las hortalizas es un trabajo realizado por el Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio ‘Ramón Margalef’ de la Universidad de Alicante, que fue recogido por la web agrícola Hortoinfo recientemente. La institución científica eligió para realizar sus trabajos el sector hortofrutícola almeriense por su liderazgo en la producción y comercialización.

El impacto

Los investigadores señalan en sus conclusiones que la elección de Almería responde al alto potencial productivo desarrollado en los últimos cuarenta años y parte de los datos de producción y utilización de insumos como el agua o la energía que facilita el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Se centraron en productos clásicos del campo almeriense: tomate, pimiento, pepino, calabacín y berenjena.

Los 13 millones de kilos desperdiciados en la provincia suponen a su vez el despilfarro de los más de 100.000 metros cúbicos de agua utilizados para producirlos. Además, considera ‘tirados’ los más de 50.000 kilos de fertilizantes que se aplicaron en los cultivos, y señala que con la destrucción de esos 13 millones de kilos de hortalizas se han emitido a la atmósfera siete millones y medio de kilos de dióxido de carbono.

Nuevas reglas

Ahora el Gobierno español pretende poner coto a ese nivel de desperdicio porque, según ha manifestado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la necesidad de actuar para remediar el problema del desperdicio alimentario se justifica “por razones de índole económica, ambiental, moral y social”.

Planas sostiene que “no hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”, al tiempo que recordaba que cada consumidor español desperdicia anualmente por encima de los 30 kilos de alimentos sin consumir.

Con el proyecto de ley que acaba de aprobarse, todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria deberán disponer de un plan de prevención para evitar que se produzca ese despilfarro.

Los destinos

Aunque queda claro en el texto legal que la prioridad en el proceso de producción de alimentos ha de ser la alimentación humana, incluyendo donaciones a empresas sin ánimo de lucro a bancos de alimentos, entre otros, también recoge otros posibles usos de esos alimentos ‘sobrantes’.

En un segundo escalón de posibles aplicaciones se situarían alimentos que no han salido al mercado por diferentes causas, pero que son perfectamente aptos para la alimentación humana; este tipo de productos tendrán como destino la industria transformadora para la obtención de otros alimentos como pueden ser las mermeladas, confituras, mermeladas o cremas que presentan una vida útil mucho más prolongada.

En el escalón final recoge los usos posibles para alimentos que, no siendo válidos para el consumo humano, pueden ser aprovechados para la fabricación de subproductos para alimentación animal, la fabricación de piensos para la industria, la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.