Los presupuestos municipales para el año 2022 no llegarán a tiempo para entrar en vigor el 1 de enero. Y no lo harán a pesar de que el área de Hacienda tenía ya listo el techo de gasto y había adelantado mucho en la confección de las cuentas a la espera de la ronda de negociaciones con los diferentes partidos de la oposición, algo que apenas acababa de iniciarse.
El principal problema que encuentra el equipo de Gobierno ahora es el cumplimiento de la sentencia de Tribunal Constitucional en el que declara “inconstitucionales y nulos” los artículos de la Ley de Haciendas Locales en los que se establece el método para calcular el impuesto de plusvalía. A través del cobro de este tributo nacional estaba previsto que a las arcas municipales llegaran cerca de 6,5 millones de euros en 2022, y ahora, tras el dictamen judicial hay que volver a hacer las cuentas de ingresos y, por tanto, de gastos.
Explica el concejal de Economía, Juan José Alonso, que “esperar la reacción del Gobierno para compensar de alguna manera la situación y adaptar el presupuesto a la realidad”.
Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha comunicado que se está trabajando en un borrador para que los ayuntamientos puedan seguir cobrando este impuesto pero ajustándose a la legalidad y que van a darle un impulso.
A pesar de que esta comunicación se ve como una solución, lo cierto es que de cara a intentar aprobar el presupuesto municipal en tiempo y forma, o al menos lo más ajustado posible después de que la pandemia obligara a aprobar las cuentas de este año en marzo, parece poco probable que esa modificación de la ley se haya culminado para entonces.
Opciones
De momento el equipo de Gobierno municipal está esperando acontecimientos, reacciones y encuentros de los organismos en los que participa el Ayuntamiento de la capital junto a otras entidades locales que se encuentran en la misma situación e incluso peor porque el volumen de ingresos que dependen de estos impuestos es muy superior.
Mientras tanto lo que sí ha decidido el Ayuntamiento de la capital es “suspender cautelarmente las liquidaciones de plusvalía, en tanto en cuanto se conozca en profundidad el contenido de la sentencia avanzada por el Tribunal Constitucional respecto al cobro de este impuesto”.
Juan José Alonso se muestra “preocupado” por las graves consecuencias que esta sentencia traslada ahora a los más de 8.000 ayuntamientos de todo el país por la repercusión que va a tener en las cuentas municipales la resolución del tribunal.
En este sentido, critica la “pasividad y dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez, dando lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional eliminando el impuesto de plusvalías”, una sentencia que, además de declarar la inconstitucionalidad del tributo, “va a generar una enorme inseguridad jurídica”, ante la que ahora el Consistorio almeriense suspende cautelarmente la liquidación.
Peticiones
Cabe recordar que la primera reacción del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, fue la petición al Gobierno central de “un fondo de compensación para los ayuntamientos” de forma que “puedan elaborar los presupuestos del año que viene y seguir ofreciendo los servicios públicos que demandan los ciudadanos”.
Además, Fernández-Pacheco considera fundamental “disponer de una normativa que ofrezca seguridad jurídica sobre el cálculo del impuesto de plusvalía a los ayuntamientos” y así se lo reclamaba a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También anunciaba la petición de una convocatoria extraordinaria y urgente de la Federación Española de la Municipios Españoles (FEMP) para “fijar una postura común de todos los ayuntamientos” ante la situación.
Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/224521/el-presupuesto-municipal-se-para-hasta-ver-el-futuro-de-las-plusvalias