El 13 de julio de 2021, la magistrada Társila Martínez declaró oficialmente visto para sentencia el juicio oral del denominado Caso Poniente. La presidenta del tribunal ponía voz a la sensación de cierto alivio extendida por la sala tras cinco meses de sesiones boicoteadas por el coronavirus y marcadas por un farragoso proceso con 44 acusados y decenas de abogados.
Medio año después de aquella vista histórica de verano en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, la sentencia del Caso Poniente ya tiene borrador. La resolución está más cerca.
Los magistrados Társila Martínez, Ignacio Angulo y Jesús Martínez, este último ponente, han comenzado el proceso de deliberación para dilucidar las posibles responsabilidades de los acusados en un trama de corrupción en El Ejido a principios de siglo.
Aún no existe una fecha para conocer la sentencia, aunque el fallo podría hacerse público en el mes de febrero. Las previsiones son que las partes sean citadas para trasladarle el contenido de la sentencia en un mismo acto.
Solo existe un precedente anterior en la Audiencia Provincial de Almería del señalamiento de una vista para la lectura pública de la sentencia, esto es, la resolución del Caso Roquetas en abril 2007. El fallo que condenaba al teniente José Manuel Rivas por la muerte de un agricultor en el cuartel de Roquetas de Mar se leyó en sala ante la gran expectación generada. Se marcó un hito en la Administración de Justicia en Almería. Curiosamente la magistrada Társila Martínez presidía también aquel tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
La institución tiene especial interés por realizar el trámite con el máximo rigor, evitar filtraciones y trasladar el resultado al mismo tiempo a todas las partes del proceso. Además de los acusados y de la Fiscalía, también están personados Izquierda Unida, el Partido Popular y el Ayuntamiento de El Ejido (con el mismo letrado) y la Abogacía del Estado.
Se estudia una presunta trama para desviar fondos de la empresa mixta Elsur a bolsillos de particulares a través de subcontratas. Entre los acusados están el ex alcalde Juan Enciso (PAL) y el ex interventor municipal José Alemán, además de una larga lista de empresarios.
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