El achacoso Edificio Sindical consigue 700.000 euros de Bruselas para reformas

El achacoso edificio sindical de la calle Javier Sanz esquina Méndez Núñez, proyectado por Antonio Góngora Galera en 1952, va a recibir un soplo de aire fresco para su renovación y reforma. Se trata de 700.000 euros de dinero contante y sonante que llegarán de Bruselas para sanear tuberías, cambiar ventanas y sistema eléctrico (aún hay bombillas de perilla), renovar estancias, adecentar sótanos e instalar placas solares en la azotea. Hasta hace poco, a la sala de reuniones se la conocía como ‘La piojera’.

La Comisión Europea ha estimado que el gasto anunciado por España en el Patrimonio Sindical Acumulado -del que forma parte el inmueble frente al Instituto Celia Viñas- forma parte de las inversiones previstas para la ‘Transición Energética en la Administración Pública’. El Gobierno pretende invertir 100 millones de euros en este capítulo para renovar 42 sede sindicales repartidas por toda España.

El edificio almeriense pertenece a Patrimonio del Estado y en él se alojan como inquilinos los sindicatos UGT, CCOO, CGT y la patronal Asempal.

Bruselas considera, en una comunicación dirigida al Gobierno de España como peticionario de estos fondos de ayuda que “el patrimonio sindical es un activo inmobiliario propiedad de la Administración Central Española, el cual se pone a disposición de los sindicatos para su uso según lo previsto en la Ley 4/1986 de 8 de enero”.

El objetivo, por tanto, es renovar los edificios más vetustos para aumentar el número de instalaciones con alta calificación energética”. La edificación ya disfrutó de unas obras de mejora en la cimentación y en algunas plantas. Algunos de estos gastos han ido siendo asumidos por las propias organizaciones sindicales, puesto que Patrimonio del Estado solo tiene obligación en cuanto a reformas estructurales.

En 2005 se negoció un convenio de permuta del edificio a tres bandas consistente en que el Ayuntamiento de Luis Rogelio Rodríguez Comendador, con Juan Megino como edil de Urbanismo, se quedaba con el edificio, en alianza con una promotora privada para tirarlo abajo y cedía a Patrimonio del Estado una sede de características similares en la zona conocida como Los Cuatro Caminos, pero no hubo acuerdo. Había una valoración desfasada del edificio de 6 millones de euros con una planta de 900 metros y un techo de 6.000 metros.