El vídeo del supuesto robo de un alijo de droga que señaló a los dos guardias

La investigación de la Guardia Civil sobre las actividades de los presuntos agentes corruptos R. y J. en el puesto principal de Níjar comenzó con la captura de un camión el 26 de febrero de 2020. Y con un vídeo.

La secuencia captada por una cámara de seguridad en un callejón entre invernaderos en la Venta del Pobre prendieron la mecha de una operación contra el narcotráfico que explotaría cinco meses después con la detención de los agentes.

El camión, una cabeza tractora de Volvo y un remolque, era propiedad de una empresa lituana llamada Ganeda. A los mandos estaba el conductor Alfonsas G. de 56 años de edad.

A las 21.30 horas del 26 de febrero de 2020, unos días antes del estallido de la pandemia, el vehículo patrulla de los agentes R. y J. asomó por los espejos retrovisores del camión en el kilómetro 490 de la Autovía del Mediterráneo, en sentido Murcia. Los guardias realizaron indicaciones a Alfonsas G. para que detuviera el vehículo fuera de la autovía, en una callejón oscuro, sin salida, en el entorno de la Venta del Pobre.

R. aseguró la pasada semana en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Almería que un confidente le alertó de la existencia de un alijo de marihuana oculto en el remolque del camión y que su única voluntad era detener el vehículo fuera de la autovía, “por seguridad”, y en un lugar sin salida para garantizar la aprehensión.

Y es aquí donde surge el conflicto. La investigación cree que los guardias R. y J. organizaron con un grupo de colaboradores el asalto del remolque y se apoderaron de una cantidad indeterminada de la droga. No toda. 

Dos versiones

La Fiscalía Antidroga y el departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil consideran que R. y J. dejaron parte de la mercancía en el interior y alertaron a sus compañeros para “enmascarar” el robo, conocido como ‘vuelco’ en el argot policial. Cuando llegaron las patrullas, en el interior hallaron “21 bolsas termoselladas con un total de 23 kilogramos de marihuana”.

Las defensas, ejercidas por los letrados José Miguel Ramos y Mónica Moya, aseguran que la detención del camión se produjo en el marco de una operación policial convencional y que los agentes acusados solo cumplieron con su deber.

La clave para dilucidar esta controversia está en un vídeo de las cámaras de seguridad de una empresa cercana. Unos días después de la intervención, el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almería, ahora comandante, reclamó el contenido de las imágenes del entorno. 

Según manifestó durante el juicio oral esta semana, “el objetivo era ver si existía un vehículo lanzadera delante del camión” que pudiera ayudar a investigar “una red de narcotráfico” más amplia, más allá del conductor Alfonsas. Cuando vio las grabaciones decidió poner el asunto en manos de Asuntos Internos.

El vídeo que aparece en las actuaciones, al que ha tenido acceso en EXCLUSIVA LA VOZ DE ALMERÍA, muestra una visión lejana de la parte trasera. Luego la aproximación de un grupo de personas con chalecos reflectantes y una furgoneta que parece colocarse junto al remolque.

"No tocamos la mercancia"

Los agentes hablan de un vehículo de una autoescuela, aunque la Policía Judicial asegura que ninguna autoescuela tenía oficinas en esa zona en aquella fecha.

Ciertamente no existen datos objetivos para acreditar cuánta cantidad se llevaron, aunque sí algunos indicios captados a lo largo de la investigación en las escuchas telefónicas. Los agentes sostienen de manera tajante que no tocaron la mercancía.

En cambio, los investigadores afirmaron que el hueco del doble fondo estaba “infrautilizado” con solo 21 paquetes de marihuana y que es un mecanismo poco común entre los traficantes, que explotan al máximo el espacio del que cuentan (en caso de arresto se someterían a una condena similar, por eso cargan al máximo de sus posibilidades).

Será el tribunal presidido por la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros el encargado de dilucidar si existen pruebas de cargo suficiente, como sostiene la Fiscalía, o por el contrario desestima la condena por este delito en la futura sentencia.

La Fiscalía Antidroga solicita 20 años y cinco meses de prisión para los agentes de R. y J. por la comisión de siete delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad, robo con fuerza, contra la salud pública y revelación de secretos.