El Ministerio del Interior ha descartado el cierre de cuarteles en la provincia de Almería y niega planes para reestructurar las plantillas y reagrupar los equipos en cabeceras de demarcación.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha confirmado en un respuesta parlamentaria al Partido Popular que la Dirección General de la Guardia Civil “no tiene en fase de estudio propuestas de integración, supresión y traslado de unidades en la provincia de Almería”.
El Ejecutivo se defiende de las acusaciones vertidas por la oposición y por asociaciones profesionales de la Benemérita sobre una supuesta desatención de cuarteles interiores de la provincia de Almería y aparca el cierre de establecimientos.
El asunto genera controversia en algunas comarcas. La Guardia Civil tiene una nutrida representación de acuartelamientos y recursos en la zona costera, la más poblada y exigida desde el punto de vista de la seguridad. Sin embargo, la distribución hace que espacios de interior tengan menos herramientas.
El coronel Jorge Montero, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, aseguró a LA VOZ en su primera entrevista tras la toma de posesión que la seguridad ciudadana está garantizada. “Me da la impresión de que es bastante razonable lo que hacemos. Priorizamos tener una patrulla 24 horas al día en cada área, cada comarca, porque lo que quiere el ciudadano es que cuando haya un problema la Guardia Civil acuda lo antes posible”, explicó.
Demarcaciones
El despliegue territorial de la Benemérita contempla 39 puestos en la provincia de Almería, con especial presencia en la zona litoral, donde lugares turísticos, invernaderos y otros sectores productivos exprimen los recursos de protección de la seguridad ciudadana.
El coronel Montero subrayó que el despliegue ha permitido a los agentes tener un conocimiento en detalle de demarcaciones complejas, como la zona de invernaderos de Poniente y Levante.
Interior respalda estos planes, pero además insiste en el esfuerzo realizado para dotar a la Comandancia de Almería de mayores recursos personales y materiales.
“La Guardia Civil, como cuerpo de seguridad moderno, flexible y en permanente adaptación a los retos sociales e históricos, es un referente de seguridad, no solamente para el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos residentes en su ámbito de responsabilidad, sino para garantizar entornos de seguridad que faciliten el desarrollo de la economía y los servicios propios de una sociedad moderna y solidaria”, señala el Ejecutivo.
“Frente a los recortes que debilitaron dicha presencia, el Gobierno, además de recuperar los efectivos perdidos, hacer la mayor inversión en infraestructuras de los últimos 15 años, mejorar los medios y las condiciones laborales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, añade Interior.
El Gobierno matiza que “está llevando a cabo una actualización del despliegue territorial con el fin de racionalizar los efectivos disponibles y adaptar el despliegue a criterios técnicos en los que impere garantizar la seguridad ciudadana”. Esto no implica, apostilla, cambios en Almería.
Diputados populares, entre ellos los almerienses Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí, registraron en febrero una batería de preguntas sobre la situación del Instituto Armado.
Agentes
Entre ellas solicitaron información sobre “los cuarteles de Almería que no permanecen abiertos 24 horas”, “inversiones para sostenibilidad y la eficiencia energética” y “casas cuartel de la Guardia Civil en localidades de la provincia de Almería que tiene previsto cerrar el Ministerio del Interior”.
Por otra parte, la información oficial del Gobierno, que descarta unir cuarteles en Almería, confirma el abandono de la idea de construir una comisaría de la Policía Nacional en Roquetas de Mar, lo que podría llevar a los guardias a un gran emplazamiento en Vícar.
En la provincia de Almería trabajan actualmente unos 1.600 agentes de la Benemérita. El Gobierno prevé aumentar esta plantilla en unos 200 guardias civiles en las próximas convocatorias de empleo para reforzar los recursos del plan especial de lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, donde ya se ha integrado también Almería por la presión de las mafias en Alborán.
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