La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial de Almería ha condenado a diez años de prisión y cinco años de libertad vigilada a un varón acusado de abusos sexuales continuados a una niña, a la que doblaba en edad.
La menor tenía 13 años en el momento de los hechos y se quedó embarazada durante las relaciones mantenidas entre los meses de octubre y noviembre de 2018 en una localidad de la provincia de Almería. El acusado aseguró que la víctima era su pareja y los encuentros eran consentidos, según la investigación desarrollada por el EMUME de la Guardia Civil.
El Código Penal castiga como abusos las relaciones con menores de 16 años, edad establecida como límite para el denominado “consentimiento sexual”. Es decir, la ley considera que por debajo de este límite no hay madurez suficiente para acceder a las relaciones de manera voluntaria y con pleno entendimiento, por lo que los encuentros son constitutivos de un delito contra la libertad sexual.
La única excepción, contemplada en la jurisprudencia, es la pareja donde la pareja está formada por jóvenes de edad muy similares, aunque uno de ellos no alcanzara los 16 (por ejemplo, una niña de 15 años y un niño de 16). El tribunal indica que ambos mantenían una relación análoga al noviazgo, pero subraya el engaño del acusado, incluso, para acostarse con la niña sin métodos anticonceptivos.
“La menor accedió voluntariamente a las relaciones descritas y se prestó a no usar preservativo en la creencia, basada en lo que el acusado le había manifestado, de que era estéril y alérgico al látex”, apunta la resolución. “Por su edad, la víctima carecía de la madurez precisa para prestar el consentimiento y para valorar sus consecuencias, resultando finalmente embarazada”. La menor fue sometida a una interrupción voluntaria del embarazo en una clínica pocas semanas después.
La Audiencia Provincial afirma que el procesado actuó “guiado por un propósito libidinoso y con pleno conocimiento de la edad” de la menor. Ella afirmó durante el juicio que le confesó que tenía 13 años. El acusado admitió la existencia de relaciones íntimas “completas” en “distintas ocasiones”, aunque negó que conociera la edad real de la niña.
Madurez
Los jueces afirman que había diferencias sustanciales en la madurez de ambos, que avalan la sentencia condenatoria. “Es razonable entender que la víctima tenía el de una chica de 13-14 años y el acusado el de un varón de 26”, indica. “Si la defensa entendió que el grado de madurez del acusado era inferior o el de la perjudicada mayor de lo que cabía esperar conforme a ese criterio de normalidad, pudo y debió proponer las pruebas necesarias para acreditarlo”. “Es necesario reiterar que la agente de la Guardia Civil fue contundente al afirmar que la niña aparentaba la edad que tenía, es decir, 13 o 14 años”, continúa la resolución.
El acusado deberá cumplir diez años de prisión y cinco años de libertad vigilada. Además, ha sido condenado a pagar 30.000 euros de indemnización por daños morales y no podrá comunicarse con la víctima por ningún medio durante 13 años.
Preocupación
La provincia de Almería está a la cabeza de los delitos sexuales en la España, con las tasas más altas en episodios de violaciones, abusos, pornografía infantil y acoso. Estos delitos crecieron un 2,7 por ciento durante el año 2021, según estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. Las violaciones se dispararon un 17,5 por ciento, diez de ellas registradas en la capital almeriense, cinco en El Ejido y 11 en Roquetas de Mar.
El informe coloca a la provincia de Almería en el bloque de las zonas más afectadas por este tipo de criminalidad, como ya había denunciado la Fiscalía en sus últimas memorias anuales. “Los delitos contra la libertad sexual apenas se han reducido, siendo muy elevado el número de procedimientos que se tramitan por delitos contra la libertad sexual en la provincia de Almería”, señala la última memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía (FSA).
“Preocupa en esta provincia, como ya reflejara en años anteriores en términos similares, la trata de seres humanos con la finalidad de su explotación sexual, delitos cometidos por grupos organizados y con víctimas muy vulnerables e indefensas”, añade la FSA.
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