La capital pide apoyo económico para la implantación de la nueva Ley de Residuos

"La Ley de Residuos y Suelos contaminados es una norma ambiciosa, con capacidad transformadora y con claro impacto en la gestión municipal, y su aplicación va a suponer un importante reto que requerirá de esfuerzo presupuestario y de gestión para los Gobiernos Locales, ya que hasta ahora se pagaba fundamentalmente por la retirada y ahora va a ver que pagar también por su tratamiento, de ahí que se haga necesario un acompañamiento económico para posibilitar su aplicación por las Entidades Locales”.

Así lo ha manifestado la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería y vocal de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP, Margarita Cobos, durante la Jornada ‘Las Entidades Locales ante la nueva normativa de residuos’ que se ha celebrado recientemente en San Javier (Murcia), organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en la que han participado responsables de Gobiernos Locales, del Ejecutivo Central y de las operadoras para analizar el contenido y efectos de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada hace dos meses y cuyos reglamentos se encuentran en elaboración.

La Ley viene acompañada de cambios de gran calado que suponen un cambio de modelo. Para los Gobiernos Locales, según ha explicado el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares “se trata de un nuevo y más amplio marco de competencias y obligaciones municipales”, que van desde nuevos modelos de gestión, novedades jurídicas y tributarias, adaptación de ordenanzas o incorporación de nuevas tasas e impuestos, así como de “un importante esfuerzo económico”, con una inversión de 2.459 millones de euros hasta 2035, de los que 1.459 millones corresponderán a la gestión de residuos municipales (1.165 para recogida y 397 para tratamiento). A este gasto, habría que añadir un incremento del gasto corriente que, para cumplir los objetivos de reciclado, podría superar los 400 millones de euros anuales.

En este sentido, Margarita Cobos ha mostrado la plena disposición local a colaborar en el proceso, de hecho Almería cuenta ya con una planta de tratamiento de residuos propia, lo que permitirá reducir la factura que supondrá la implantación de la Ley, y ha puesto de relieve que la nueva Ley de Residuos “es una oportunidad para pasar de la economía lineal a la circular, pero también un reto que trae muchísimas dificultades a la gestión de los Ayuntamientos”, por lo que ha reclamado “colaboración y financiación para que las entidades locales podamos cumplirlo. No puede ser que nos volvamos a quedar solos, como ocurrió durante la pandemia”.

Meta fijada por Europa

En la misma línea se ha manifestado la alcaldesa de Bullas y Presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Dolores Muñoz, al señalar que “los Ayuntamientos tenemos por delante un camino hacia el cambio de una economía lineal a una economía circular” que hace necesario “repensar nuestra manera de consumir y producir, alargando la vida de los productos y aprovechando la reutilización de materiales y la recogida selectiva”. A su juicio “no va a ser un cambio fácil”, pero la norma servirá de impulso para “llegar a la meta que Europa nos ha fijado”. En este camino los Gobiernos Locales necesitamos el respaldo de los diferentes organismos y las Administraciones Autonómicas, Nacional y Europea, especialmente en un “año complicado” en el que hay que recuperar lo perdido durante la pandemia.

El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, se refirió en su intervención a la Ley 7/2022 como “piedra angular” que traspone la normativa europea y que va a hacer necesario cambiar el modo de gestionar los residuos en todas las Administraciones Públicas.

Morán ha llamado a la colaboración de los Ayuntamientos para animar a los ciudadanos en materia de separación, reciclado y reducción de residuos y ha asegurado apoyo económico, ya que el PRTR dispone 850 millones de euros para inversiones en economía circular y para afrontar el déficit acumulado en gestión de residuos, cantidad que Margarita Cobos considera “escasa porque los proyectos de economía circular son costosos”.