Lo que la verdad (y el Obispado) esconde

Almería se ha convertido en los últimos tiempos en el escenario de una disputa eclesiástica que cada vez es menos ajena al almeriense de a pie, que ya es de sobra conocedor de que la Diócesis tiene una deuda multimillonaria generada en los últimos 20 años y que el clero está dividido.

Por si no fuera turbio de por sí el escenario, ha nacido un grupo anónimo y más bien opaco que reclama algo tan justo como “la verdad”.

Todo arranca en noviembre de 2021. Adolfo González Montes presenta su renuncia por motivos de edad y el papa Francisco la acepta en cuestión de semanas. Para entonces, Gómez Cantero (coadjutor con poderes económicos debido al maltrecho estado de las cuentas diocesanas) ya había comunicado al clero que la deuda de la Iglesia en Almería era multimillonaria.

Es entonces cuando un medio digital religioso anuncia el nacimiento de una plataforma ciudadana que aglutinaría a medio centenar de almerienses laicos (“empresarios y abogados”) que piden transparencia y saber así qué ha pasado en la Diócesis.

Este nacimiento viene acompañado de un informe económico sobre la Diócesis enviado a los obispos del país y al representante papal en España, Bernardito Cleopas Auza, en el que señalan que hay supuestos ingresos de varios millones de euros que no están recogidos en el balance encargado por Gómez Cantero nada más llegar a Almería, acusando así al prelado y a su equipo de gobierno de algo más bien grave: “Podemos pensar –señala- que se ha deseado y preferido  que se desconozcan, toda vez que no parece que haya sincero espíritu ni interés en auditar y aclarar las cosas para restitución de la honorabilidad gravísimamente dañada, sin juicio ni prueba fiel, contra el obispo don Adolfo González Montes”.

Esta carta de presentación fue seguida por otras misivas que tenían varios puntos en común: atacaban a Gómez Cantero y a terceras personas de la Diócesis o de fuera de ella y, además, su publicación coincidía con reuniones de los obispos españoles en la Conferencia Episcopal.

En la última de ellas, la Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad (que en una de esas misivas aseguraba haber llegado a los 300 miembros), pide algo razonable: acceder al informe de Deloitte, algo que la Diócesis no ha permitido por ahora por problemas contractuales con la propia consultora. Además, afea que no se hayan hecho públicas las palabras del obispo de Bilbao cuando se presentaron los datos al clero, en las que defendía la gestión de González Montes más allá de lo económico.

Por otra parte, y además de atacar a este medio por publicar, supuestamente, información sesgada, la plataforma acusa a Gómez Cantero de “llorar tanto y no hacer nada”, entre otras perlas.

El grupo es anónimo y parece totalmente blindado. En su web hay un correo electrónico para ponerse en contacto con esta plataforma ciudadana que pide transparencia sin darla, pero por ahora no han respondido a LA VOZ.

¿Un abogado?

Solo queda un hilo del que tirar: los últimos comunicados de la plataforma aparecían firmados por un supuesto representante jurídico que responde a las siglas R.F.L.

La sorpresa se produce cuando, al contactar con un abogado almeriense cuyo nombre encaja con las siglas que firman las acusaciones de Católicos por la verdad, se descubre que no hay nada de cierto.

Si bien R.F.L. reconoce que, a través de un despacho intermediario, un grupo de católicos le pidió que les representara ante una posible querella contra la Diócesis de Almería, el abogado penalista asegura no haberse reunido ni haber hablado con nadie de este grupo en ningún momento.

Es más: R.F.L. asegura desconocer por completo ninguno de los comunicados que él mismo habría firmado. El letrado habría solicitado a la plataforma que se retracte de esa firma. 

A partir de ahí, solo queda preguntarse quién hay detrás de este grupo que no solo es anónimo (algo totalmente lícito y respetable) que habría suplantado la identidad de un abogado (algo mucho menos lícito y respetable). 

Teorías y especulaciones hay tantas como católicos almerienses conocedores de la división eclesiástica.

Hay quien apunta que esos 300 miembros son, más bien, algunos sacerdotes que han perdido su cuota de poder en los últimos tiempos rodeados de fieles seglares.

Algunas de sus preguntas son razonables. Por ejemplo, plantean por qué ha crecido la deuda y, efectivamente, los 29 millones de euros no son solo gasto de González Montes: la Diócesis tuvo que pedirle a la Conferencia Episcopal unos 600.000 euros de préstamo para poder afrontar gastos corrientes siendo ya Gómez Cantero obispo.

También es encomiable preguntar (y pedir) el informe de Deloitte, en aras de la transparencia, así como es justo conocer las palabras del obispo de Bilbao.

Puestos a preguntar, también podríamos preguntarnos todos si era necesario que González Montes gastase 5 millones de euros que formaban parte de unos fondos reservados a los que no podría haber recurrido. Por preguntar, también cabría cuestionarse por qué el anterior prelado compró un inmueble para construir un archivo que, finalmente, no pasó de proyecto (para luego tratar de venderlo por un valor muy inferior al de mercado). O cuánto costó el viacrucis del Cerro de San Cristóbal que no fue instalado finalmente (por feo). O por qué los cementerios de muchos pueblos están gestionados por una fundación y, de hecho, están abandonados. Por preguntar, que no quede.