Más de 140.000 estudiantes comenzarán en Almería el nuevo curso escolar que recuperará casi por completo la normalidad tras más de dos años de pandemia, a partir del próximo 12 de septiembre en Infantil y Primaria y el 15 en ESO, FP y Bachillerato, después de que desde primeros de mes, 8.800 niños menores de tres años hayan iniciado también su actividad en 223 centros públicos.
Este curso estará sin duda marcado también por la entrada en vigor de la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, aunque lo hará con al menos dos asignaturas de gran relevancia que quedarán pendientes, en principio y como mínimo, para el curso siguiente 23/24.
Esto será así en Andalucía, en primer lugar porque aunque el nuevo currículo educativo deberá aplicarse en los cursos impares, seguirán utilizándose los libros de la derogada LOMCE, según la Junta por falta material de tiempo para desarrollar los nuevos contenidos de la LOMLOE.
Y en segundo lugar porque en cualquier caso también quedará pendiente la posible reforma legal que podría reducir la ratio de alumnos por aula actual, como consecuencia de la demanda de una buena parte de la comunidad escolar andaluza. Este cambio ha sido propuesto por una treintena de organizaciones que representan a prácticamente toda la comunidad educativa, que han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el Parlamento que ha conseguido reunir este verano casi 53.000 firmas, 13.000 más de las necesarias.
Validación
El proceso está ahora a la espera de la validación de estas firmas y del posterior debate en sede parlamentaria, que bien podría echar atrás la petición gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que no ha respaldado por ahora esta reclamación. Sin embargo, los colectivos que están detrás de la petición, desde organizaciones de profesores a asociaciones de padres a sindicatos y partidos políticos, siguen dispuestos a llegar hasta el final en su lucha.
“Por el momento hemos dado el primer paso, y ahora esperamos que gracias a la presión ciudadana se pueda conseguir nuestro objetivo”, dice a La Voz Olga Solano, responsable de Acción Sindical de USTEA en Andalucía y participante de la comisión promotora de la iniciativa popular. Una iniciativa que reclama, entre otras medidas, bajar la ratio de 25 a 20 alumnos por clase en infantil y primaria, de 30 a 25 en secundaria y de 35 a 30 en Bachillerato.
Hasta el momento, el Gobierno andaluz se ha mostrado remiso a disminuir la ratio, al entender que la bajada de la natalidad provoca por sí misma la reducción de alumnos por clase. En cambio, también se le recrimina que su actitud ha sido la de cerrar unidades cuando esto sucede, en lugar de disminuir la ratio, como plantea Rocío Begines, portavoz de la Federación de asociaciones de padres de Sevilla, quien ha participado también en el proceso de la iniciativa popular.
“Tardanza” del Gobierno
Respecto a la nueva ley educativa y los efectos que va a provocar este curso, la propia consejera de Educación, Patricia del Pozo, ha reconocido estos días los problemas provocados por la tardanza del Ejecutivo de Pedro Sánchez en su publicación, que recordemos es un Real Decreto del pasado mes de abril. “Estamos trabajando todo lo rápido que podemos porque el Gobierno ha tardado muchísimo”, ha dicho.
De esta guisa que Andalucía empezará el curso con “unas instrucciones con las que se podrá empezar a trabajar y evitar que los centros tengan problemas en tanto avanzamos en la elaboración de esos decretos para cada etapa educativa con la ayuda de expertos, que estarán en tiempo y forma para que el próximo curso escolar estén adaptados a la nueva Ley”, añade la consejera.
Es decir, por tanto, que la consejera reconoce que Andalucía no se adaptará totalmente a la LOMLOE hasta el curso 23/24, cuando también estarán a disposición de los alumnos los nuevos libros igualmente adaptados. Este curso, por tanto, los estudiantes mantendrán los libros de la antigua ley.
Tema estrella
Esta adaptación a la nueva ley es estos días el ‘tema estrella’ entre los docentes almerienses en sus reuniones previas al inicio del curso. Esta pasada semana, por ejemplo, directivos y representantes de más de 60 colegios se han reunido en la provincia convocados por la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares. Su presidente en Almería, Pedro Ayala, precisa que la Ley ha entrado en vigor según su calendario de aplicación en los cursos impares "con una serie de cambios importantes y de muy complicada aplicación en el comienzo de curso”.
Entre los cambios más importantes, que fueron abordados por los directores, se encuentra lo que Ayala considera “la principal revolución de la LOMLOE”, que no es sino el “aprendizaje por competencias”. Se trata, añade, de pasar de un modelo centrado en los contenidos y en la capacidad del alumnado de repetirlos en los exámenes a un sistema que pretende que los estudiantes desarrollen en su etapa competencias que les permitan aplicar y relacionar los conocimientos que van adquiriendo, así como habilidades para desenvolverse en la vida y poder seguir aprendiendo por sí mismos cuando dejen atrás las aulas.
Además de los problemas que podrá plantear aplicar la nueva ley con los libros de texto de la anterior, los directivos también abordaron las dificultades que puede plantear el hecho de que en texto legal entre en vigor este año en los cursos impares, de forma que el próximo se extenderá también a los pares. “Pensamos que este año se van a crear grandes dificultades para confeccionar horarios, programas, evaluar…en los centros educativos, y consideramos que provoca más dificultades que ventajas, si las tuvieses, según nuestro punto de vista”, señala el presidente de Asadipre en Almería.
En todo caso, los directores se lamentan de que afrontarán el curso “con la publicación de una normativa basada en instrucciones sin Decreto ni Orden de desarrollo de los nuevos curriculares, lo que provoca una carga horaria diferente en los cursos impares y pares”.
Sin medidas anticovid
El cambio más visible para estudiantes y profesores será la recuperación de la normalidad que llevara la eliminación de prácticamente todos los protocolos covid que han marcado la vida de los colegios e institutos en los dos últimos cursos. Esto será así tras la desaparición también de la limitación sanitaria que obligaba a limitar los aforos de los comedores escolares, aunque aún se mantendrá la obligación de usar mascarilla a los alumnos mayores de seis años en el transporte escolar.
Pero como debatieron los directores de centros de primaria de Asadipre, a pesar de esta normalidad, las consejerías de Educación y Salud han publicado unas recomendaciones basadas en el mantenimiento de distancias de seguridad, de una “ventilación cruzada” en los centros; la higiene de manos y la limpieza de baños dos veces cada día.
Preocupación por la calidad de los menús escolares
Una de las cuestiones que más preocupa a las familias con vistas al nuevo curso es la posibilidad de que las comidas de sus hijos en los comedores escolares disminuya su calidad debido a la crisis y a la subida del precio de las materias primas.
El hecho de que la gran mayoría de los centros contraten el servicio del comedor a empresas de catering no hace sino aumentar este recelo de los padres. Fuentes de la Federación de Asociaciones de Padres de Almería (FAPACE) reconocen que ya en los últimos cursos la calidad de la gran mayoría de los comedores almerienses “deja mucho que desear”, y lamentan que cada vez se cuiden menos las materias primas con que se elaboran los menús. “Queremos comidas sanas y caseras para nuestros hijos”, reclaman.
También la Unión de Consumidores de Almería (UCA) ha alertado sobre la calidad de los menús escolares. Su presidente, José Antonio Díaz Roda, está convencido de que “fue todo un error el desmantelamiento de los comedores en los centros” y su sustitución por los servicios de catering.
Otros de los asuntos que preocupan a las familias y que más llegan a modo de consulta o queja a FAPACE son los gastos de principio de curso, que la Unión de Consumidores de Almería ha situado en cerca de 500 euros por familia en colegios públicos y en más de 1.000 en los privados.
Junto a esto, los padres consideran que es necesaria más atención para alumnado con necesidades educativas (audición y lenguaje, trastornos de conducta, atención temprana, altas capacidades o TEA), y la necesidad de personal sanitario en el colegio”.
Reducir los deberes
De la misma forma, FAPACE apoya la iniciativa para bajar la ratio en los centros, así como, algo importante, apuesta por reducir los deberes que se imponen a los niños, o en su caso que sean “más adaptados al cerebro infantil o adolescente”.
Otras demandas que los padres han transmitido a este diario para el curso que ahora comienza son el aumento del personal docente, que se acometa en serio la climatización en las aulas, y “más defensa de la escuela pública y menos dinero para la educación concertada o privada”.
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