Familias del Caso Almería piden su consideración como víctimas del franquismo

El 10 de mayo de 1981, un grupo de guardias civiles asesinó a los jóvenes Juan Mañas, Luis Cobos y Luis Montero en la carretera de Gérgal. Sus cuerpos retorcidos y tiroteados aparecieron en el interior de un coche calcinado en el fondo de un barranco.  

Según la versión oficial, los agentes confundieron a los chicos con terroristas y acabaron con sus vidas sin juicio. Una ejecución en una cuneta. El episodio se bautizó como ‘Caso Almería’ y se convirtió en símbolo de la leyenda negra de la Transición.

Aquel suceso de 1981 ha servido de hilo conductor de la jornada ‘Víctimas de la Transición y Ley de Memoria Democrática’, que organizó este viernes Unidas Podemos en el Congreso con colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que lidera el almeriense Fernando Martínez.

Francisco Mañas, hermano del joven pechinero asesinado en 1981 a los 24 años de edad, solicitó el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de su hermano como víctima del Franquismo.  “Los crímenes de la Transición siempre han sido un tabú para el Gobierno, gran parte de la prensa y gran parte de la sociedad española”, afirmó Mañas. “Es una vergüenza que tras 41 años sigamos las familias reclamando al Gobierno que cumplan con las tareas que les pertenece hacer, como son la verdad, la justicia, la reparación y el reconocimiento”.

Los jóvenes y sus familias no se han considerado ni víctimas del terrorismo ni víctimas del franquismo. “Deben ser reconocidos en la reciente ley. Aunque la ley considera a las víctimas del franquismo hasta el año 78, la Guardia Civil gozaba en el año 81 de un poder absoluto fruto de la autoridad que le había dado el franquismo y quería seguir manteniendo a pesar de la Democracia”, continuó. “Esta impunidad les llevó a secuestrar, torturar, acribillar a balazos y quemar a tres personas totalmente inocentes”.

Mañas insistió en las críticas que, durante años, han realizado las familias sobre el proceso judicial. “El juicio fue rápido y se condenó a solo tres guardias civiles y salieron antes de la cárcel. Y para colmo e indignación, cobran de los fondos reservados. Ahí está su premio por asesinar”.

Martina Velarde Gómez, secretaria general de Podemos Andalucía, presentó la jornada en el Congreso de los Diputados y denunció el desamparo de los afectados. "Es demodelor escuchar a los familiares de las familias de las víctimas"