Soterramiento: sin negociación mientras se alimenta el ‘incendio’

El incendio que desde el pasado viernes devora todos los puentes tendidos en los últimos años para que el soterramiento de las vías del ferrocarril a su llegada a la capital sea una realidad, sigue ardiendo. Es más, las llamas van creciendo entre declaraciones enfrentadas entre Junta de Andalucía y Gobierno de España, entre Partido Popular y Partido Socialista. Todo esto sin que se haya cerrado fecha para que se reúna el Consejo de Administración de ‘Almería Alta Velocidad’ y reiniciar un diálogo necesario para que el proyecto llegue a buen puerto y que solicitaba el viernes con urgencia la administración autonómica y que este lunes, por escrito, pedía también el Ayuntamiento de Almería.

Lo que sí se producirá este martes es una reunión entre la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera; con el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín; el diputado nacional del PSOE, Indalecio Gutiérrez; y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Adriana Valverde. No ha terminado de gustar este encuentro ni a la Junta de Andalucía ni al Ayuntamiento ya que creen que se prioriza el dar explicaciones al partido por encima del Consejo de Administración de la sociedad de gestión. Aún así, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, espera que si se les explica el motivo de la negativa, “ellos nos lo expliquen a nosotros porque aún no los sabemos”.

Y es que cree Muñoz-Atanet que “antes de titulares de prensa” se les tendría que haber explicado “en una reunión con todos los socios” la situación. Niega que la idea de la Junta sea romper ningún tipo de acuerdo y asegura que están “dispuestos a hablar, ver los problemas que genera la propuesta”. “¿Qué problema tienen? Si hay algún elemento que pone en riesgo la actuación, habrá que sentarse, hablarlo y verlo. Pero se tiene que hacer de forma leal, dialogada y no llenando los periódicos de titulares mientras desconocemos el problema que hay”, afirma el viceconsejero.

Cabe recordar que la propuesta presentada por la Junta de Andalucía el 9 de enero en el seno de la sociedad de gestión del soterramiento recogía que la administración autonómica se haría cargo de costear, con fondos Feder, la construcción de la estación de autobuses y el aparcamiento subterráneo quedándose con la titularidad y gestión de ambas. En total se trataría de una aportación de 45,8 millones de euros. Afirma el viceconsejero de Fomento que optaron por este modelo porque “es el mismo que se había cerrado para la estación de autobuses meses atrás” y ante la solicitud de incrementar la aportación autonómica “se buscó cómo justificarlo” y se optó “por aplicarlo al aparcamiento”.

Insiste Mario Muñoz-Atanet en que “hasta ese momento la Junta nunca había aceptado el incremento de la participación en el convenio. Nuestra participación era de un 7%, no tenemos 30 millones de euros en un cajón, y ante la petición de Adif de pasar del 7 al 20%, hay que buscar fondos y hemos buscado esta solución de buena fe”.

El cambio

Mientras la Junta dice que nunca aceptó ese incremento, desde el Ministerio de Transportes (MITMA) entienden que lo que busca la administración autonómica es no asumir ningún tipo de riesgo económico para participar en el soterramiento. Afirman que lo que estaba acordado, y así se había negociado hasta el 22 de diciembre de 2022, es que las tres administraciones cofinanciaran el proyecto en su conjunto, a saber: soterramiento, estación intermodal y aparcamiento.

Aquí el principal temor es la imposibilidad de cumplir fechas con los fondos de recuperación Next Generation que obligan a que antes de 2026 tengan que estar listas las obras. Recuerdan desde el MITMA que estos fondos cubren las infraestructuras ferroviarias y el 100% de las losas y placas. ¿Qué ocurre si no llegan a tiempo y se pierde este dinero? Los muros y losas, es decir, la urbanización, se cubriría en un 50% por Adif y la otra mitad a partes iguales entre Ayuntamiento y Junta.

La propuesta de la Junta, para el Ministerio de Transportes implica que al financiar dos instalaciones y con fondos Feder, en caso de que no llegaran los Next Generation “Adif debería asumir el 75% del coste de las losas y placas, un porcentaje muy alejado del 30% de aportación establecido por el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, y el Ayuntamiento el otro 25%” algo que consideran inasumible.

Temen, además, que si la Junta no consiguiera esos fondos Feder “tampoco asumirían la financiación de la estación de autobús y el aparcamiento, lo que implica desligarse totalmente del proyecto”.

De esta forma, lo que para la Junta es una forma de conseguir la cuantía que le pide Madrid, para el Estado es toda una afrenta que pone a la administración regional de perfil ante un proyecto de gran tamaño y vital para la llegada de la alta velocidad.