Soterramiento: ¿qué hay en juego en la pugna Gobierno-Junta?

Almería está acostumbrada a que el desarrollo del soterramiento de las vías del ferrocarril a su llegada a la capital sea uno de esos sueños que no se alcanzan, un propósito de año nuevo que se repite cada 1 de enero y un punto incumplido de todos y cada uno de los programas electorales de todos los partidos políticos que han pasado por el Ayuntamiento, la Junta y el Estado. Y es que siempre, cuando todo está encauzado, llega la bomba que lo arrasa todo.

De esto se lleva hablando desde los tiempos de Santiago Martínez Cabrejas como alcalde. Llegó a haber proyecto, y todo quedó en la nada hasta que en el año 2010 se recuperó ante una inminente llegada del AVE en 2023 (sí, en este año). Todos firmaron un convenio de reparto de constitución de la sociedad ‘Almería Alta Velocidad’ y de aportación de fondos, hubo anteproyectos, compromiso pero… llegó la crisis, cambio de Gobierno y el momento de que no hubiera soterramientos “ni aquí ni en Vladivostok” que decía Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, por entonces alcalde.

Hubo que esperar hasta 2018 para que el soterramiento, más allá del trocito de El Puche, volviera a estar en agenda. Se decía que para 2020 podría estar en obras, evidentemente no pasó, llegó otro cambio de Gobierno en Estado y Junta, y de nuevo se paró todo. Bueno, en este caso es justo reconocer que las partes técnicas siempre han estado ahí, trabajando, viendo alternativas, avanzando en el diseño y cumpliendo con su parte. Eso sí, hasta febrero de 2021 los políticos ni se vieron, y fue entonces cuando se puso sobre la mesa el problema del modelo de financiación que ahora ha saltado por los aires. Sí, prácticamente dos años para negociar y tomar decisiones que ahora se tambalean.

Puestos en contexto, lo que toca analizar es lo que puede pasar a partir del choque de trenes entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. A saber, Adif realizó una propuesta de financiación de la que poco ha trascendido pero en los que todas las administraciones asumían participación en todas las partes, a la que la administración autonómica hace una contrapropuesta en la que, para usar fondos Feder, ofrece poner 45,8 millones de euros pero dedicados, en exclusiva, a la estación de autobuses y el aparcamiento que serían suyos y gestionaría ella. Ante esta opción, el Gobierno da un “no” rotundo y da por dinamitados los acuerdos. ¿Y ahora qué?

Desde el Ayuntamiento de Almería, que ve con temor cómo años de trabajo se desmoronan cuando rozaba con la punta de los dedos el llevar el tren bajo tierra hasta la Avenida del Mediterráneo y con ello, coser al menos parte de la ciudad, piden a Gobierno y Junta calma, que sean capaces de sentarse en una mesa “y no levantarse hasta que haya acuerdo” y no poner en riesgo todo el camino andado. 

¿Qué está en juego? 

Exactamente lo que está ahora mismo en el alambre son los 75 millones de euros que han salvado el desarrollo del proyecto. Cuando comenzaron las negociaciones políticas para hacer números, las propuestas eran inasumibles posiblemente para todas las partes. Estamos ante un proyecto que cuesta la nada desdeñable cifra de 250 millones de euros. No se puede olvidar que en la visita del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la idea del Gobierno para financiarlo era que ellos ponían el 50%, y Ayuntamiento y Junta aportarían a partes iguales el otro 50.

Llegaron entonces, como llovidos del cielo, los Fondos Next Generation para poner sobre la mesa del Ministerio una solución a todos los problemas. Inicialmente la idea era que solamente se iba a beneficiar el Gobierno pero, tras pelearlo, el Ayuntamiento consiguió un poco del pastel de esos 75 millones de euros. En caso de que el soterramiento no se realice para 2026 porque se produzcan retrasos importantes en estas renegociaciones, habría que devolver esos millones que tendrían que cubrir Gobierno y Consistorio. Si es mucho para todo un ejecutivo central, para un Ayuntamiento tener que aportar esos 10 millones extra supondría la paralización de las inversiones de más de un año en la ciudad. De ahí que los más preocupados por este choque estén en la Plaza Vieja y que propongan que se siga tramitando la licitación mientras se habla de la financiación de nuevo, todo para no parar el proyecto.

¿Y si se rompe el acuerdo?

Desde el Gobierno central se ha dejado claro que en el caso de que se descuelguen definitivamente desde la Junta de Andalucía, el proyecto seguirá adelante. Lo que no está claro es el cómo. ¿Cuál será el reparto? ¿Habrá que firmar un nuevo acuerdo? Porque claro, hasta el momento todo se ha ido decidiendo entre las tres patas que conforman ‘Almería Alta Velocidad’. El proyecto ¿habría que cambiarlo? Y la estación de autobuses ¿se tendría que desgajar del proyecto de ejecución para que lo hiciera la Junta por su cuenta? Hay que tener claro que la competencia de la movilidad colectiva por carretera es competencia del ejecutivo andaluz por lo que, sin acuerdo, parece difícil que el Ministerio de Transportes se hiciera cargo de su ejecución.

Toda una serie de interrogantes que preocupan mucho en la ciudad, tanto en las esferas políticas como sociales, ya que todo esto deriva en unos retrasos que dejan el horizonte de 2026 para la llegada de la alta velocidad en una auténtica quimera y deja sobre la mesa la pregunta definitiva: ¿y entonces, el AVE para cuándo? Si ya se veía complicado por el ritmo de las obras, si el soterramiento en Almería se convierte en un tapón de nuevo como pasó en Lorca, podemos pasar años esperando.

A pesar de la dureza de las palabras de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, ante la actitud de la Junta, la única carta que salvaría de la quema el soterramiento en la capital está en esa reunión urgente que ha solicitado la administración autonómica y en la que más vale que esté presente el Ayuntamiento para ejercer de mediador en un conflicto en el que los únicos perjudicados son los de siempre, los ciudadanos almerienses así como todo el sector empresarial. Una ruptura definitiva pondría un obstáculo más a la movilidad de una provincia que lleva años quejándose de ser una isla dentro de su comunidad autónoma y de su país.