El goteo es incesante, además de lacerante. Prácticamente cada día, desde que el pasado octubre entrara en vigor la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida por el descriptivo ‘Ley del solo sí es sí’, sabemos de nuevos casos de condenados por agresiones sexuales que se ven beneficiados con una rebaja de pena, cuando no con una excarcelación anticipada. De algunos solo tenemos información como cifras, de otros llegamos a conocer terribles detalles de los delitos que cometieron. Sin ir más lejos, del último que acabamos de tener noticia en Almería es el de dos hombres que violaron simultánea y repetidamente a una mujer en un domicilio y que han visto reducida su pena de prisión de 12 años y medio a siete. Casi la mitad. Y como este, vamos contando de momento en torno a 400 casos en toda España, en un proceso de revisión que sigue en marcha.
Los condenados, por supuesto, tienen derecho a acogerse a la Ley penal que más les beneficia, que para eso vivimos en un Estado de derecho. Pero es difícil sostener a estas alturas que la Ley esté cumpliendo con lo que pretendía -proteger más a las mujeres y a su libertad sexual-, al margen de que la filosofía que anima el texto legislativo (poner por delante el consentimiento) pueda ser -y es- deseable.
No es necesario ser jurista para deducir que algo técnicamente no está bien si produce el efecto contrario al buscado. Y, lo que es peor, este asunto tan sensible se ha convertido ya en la crisis más aguda hasta el momento del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. El pulso es de tal intensidad que la parte socialista ha presentado su propuesta de reforma sin UP, y el ministerio de Igualdad, y la ministra Montero, se resisten y defienden la pertinencia de la Ley.
Cuesta admitir que a dos partidos coaligados, progresistas y que tienen la defensa de las libertades como mantras les cueste tanto ponerse de acuerdo en una cuestión como esta. En la vida, el empecinamiento es muy mal consejero. En política, todavía más.
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