La sentencia del Caso Poniente pone cifras a la trama corrupta de Elsur. La Audiencia Provincial de Almería valora las mordidas de los acusados en 58,8 millones de euros y establece las bases para la recuperación del dinero público robado a los vecinos de El Ejido.
El tribunal condena al exalcalde Juan Enciso y al ex interventor municipal José Alemán a devolver más de dos millones de euros (cada uno) por autorizar el pago del canon anual de Elsur “incrementado ficticiamente”.
El Ayuntamiento de El Ejido regaba de dinero público a la empresa mixta de servicios Elsur, que falseaba las cuentas para engordar las mordidas. Enciso y Alemán conocían y consentían el sistema. “El interventor autorizaba el gasto, una vez contabilizado, y, el alcalde autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual”, dice el tribunal.
De este modo, Befesa Agua S. A. (grupo Abengoa) sirvió al socio privado de Elsur para malversar dos millones de euros entre los años 2002 y 2003 y Agua y Gestión de Servicios Ambientales S. A. (grupo Abengoa) para apropiarse de otros 14,5 millones de euros entre 2004 y 2009.
El tribunal hace responsable civil a Enciso, Alemán y miembros del socio privado de ambas cantidades, que deberán devolver el dinero robado para “la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales”.
En el caso de José Alemán Bracho, la sentencia le condena también por un delito continuado de cohecho pasivo, castigado con dos años y tres meses de prisión y el pago de una multa de 2,6 millones de euros. Es el único de los acusados condenado por este delito.
Además de la malversación de estos dos apartados mencionados de Befesa y Aygesa, la trama de Elsur se apropió de decenas de millones de euros por otras vías. La Sección Tercera de la Audiencia de Almería hace responsables a varios empresarios vinculados a la subcontrata de Elsur, a quienes condena a devolver el dinero de las mordidas cuantificadas.
Entre estos acusados destaca José Amate, condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con una falsedad documental. Las sociedades controladas por el acusado, sus familiares y testaferros se llevaron de manera ilícita 24,6 millones de euros. La Audiencia Provincial de Almería hace responsable civil a Amate de esta partido íntegramente.
Empresarios
La misma regla se aplica para Juan Antonio Galán. “La cantidad total malversada por sobrefacturaciones ilícitas asciende a 15,6 millones euros” y, aunque se imputa a un grupo familiar y a testaferros, la sentencia condena al propio Galán a devolver esta cantidad en su totalidad. Debe añadir otros dos millones de euros de multa y los cuatro años y nueve meses de cárcel por malversación y cohecho activo.
Los empresarios Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón deberán responder subsidiariamente de 7,3 millones de euros sobrefacturados ilícitamente a través de Jardines del Alcor S.L., de la que eran socios a través de dos sociedades.
Y la mujer de Alemán, la empresaria Isabel Carrasco, es condenada al pago de 14,7 millones por el fraude a través de Jardines del Poniente S.L. y Jardines del Alcor S. L.
Multa de tres millones a José Carlos Lirola
La sentencia del Caso Poniente considera probado que Contenedores Lirola S.L., empresa de los hermanos Lirola, emitió 3,1 millones de euros en facturas a Sistemas de Dirección, sociedad de José Alemán. “No se correspondían con servicios reales, sino que encubrían el pago de dádivas o comisiones ilegales a favor del interventor del Ayuntamiento de El Ejido”, detalla el tribunal en su resolución. Aunque los tres hermanos eran administradores, durante el juicio se acreditó que solo José Carlos Lirola “asumía la gestión de la empresa”. La Audiencia le absolvió de delitos contra la Hacienda Pública (como a todos los acusados), si bien le impuso un multa de 3.183.040 euros por un delito continuado de cohecho activo. Es la multa más alta de todos los condenados (no confundir con responsabilidades civiles).
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