Seguimiento de un 80 por ciento a la huelga de funcionarios judiciales

La huelga de funcionarios de los juzgados arranca con un apoyo mayoritario del sector y obliga a suspender decenas de vistas programadas en la provincia de Almería. Las organizaciones sindicales UGT, CCOO, STAJ y CSIF cifran el seguimiento de los paros en torno a un 80 por ciento y anuncian protestas indefinidas hasta conseguir una subida salarial similar a la obtenida por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), antes conocidos como secretarios judiciales.

“Han comenzado, con un elevadísimo porcentaje de participación, los paros parciales convocados en la Administración de Justicia para reclamar la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa hasta que no se acuerde su modificación, mejoras salariales en la línea de las que se han acordado para el cuerpo de LAJ y el desarrollo inmediato de la Carrera Profesional”, señalan los sindicatos en un comunicado conjunto.

Los funcionarios han parado de manera mayoritaria entre las 10 y las 13 horas, con actos de protesta a las puertas de las principales sedes judiciales de la provincia. En la Ciudad de la Justicia de Almería se concentraron la mañana de este lunes unos 200 funcionarios.

Esto ha tenido consecuencias directas en el funcionamiento de los órganos judiciales, como ya sucedieron con los dos meses de huelga de los LAJs. Juzgados civiles y penales han sufrido decenas de suspensiones de vistas por la ausencia del personal, si bien los servicios mínimos acordados permitieron atender los señalamientos en la agenda en la Audiencia Provincial de Almería.

Los Letrados de la Administración de Justicia alcanzaron un acuerdo con el Ministerio a finales de marzo para una subida salarial superior a los 400 euros mensuales.

En el caso de los funcionarios de los juzgados el problema radica en las competencias autonómicas. Es la Junta de Andalucía la encargada de pagar las nóminas de los trabajadores del sector tras la cesión de competencias hace casi 30 años. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha pedido una reunión entre Ministerio y Comunidades para abordar el asunto y alcanzar soluciones “empáticas” con las demandas.