Una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención de toxicómanos sirvió de tapadera para la manipulación y distribución de tabaco de contrabando, según una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La resolución condena al presidente de la supuesta ONG a un año de prisión, aunque le absuelve de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por la presunta explotación de los usuarios.
El caso data del periodo entre los años 2012 y 2016 e implica fundamentalmente a un centro de “rehabilitación de toxicómanos y marginales” radicado en Valladolid y a dos instalaciones ubicadas en Almería y Sevilla, según las diligencias tramitadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil en coordinación con Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria).
El acusado captaba a personas “de marginalidad extrema, ya sea por su falta de recursos para subsistir o por su adicción a drogas o alcohol, bajo la promesa de llevara cabo su rehabilitación personal y social con una completa asistencia”, según la sentencia inicial dictada en Valladolid. “Los varones, en lugar de recibir la terapia prometida,son ocupados laboralmente en actividades que no respetan en modo alguno la normativa ni los convenios colectivos del sector, con la única finalidad del enriquecimiento personal del acusado”.
200 kilos a la semana
El asunto saltó a la provincia de Almería cuando se comenzaron a realizar trabajos con tabaco a granel, según las diligencias. “El acusado, careciendo totalmente de autorización para las labores de tabaco, adquiría, a través de internet, cantidades mensuales importantes de tabaco en hoja, rondando los 200 kilos, sin superar ningún tipo de registro sanitario, y los internos del centro se ocupaban de procesarlo, mediante el desnervado y el picado, en bolsas de 10 kilos”.
El tabaco se vendía entre los propios usuarios o se enviaba, según las investigaciones, a los centros de la entidad en Almería y Sevilla. Desde julio de 2015 hasta agosto de 2.016, a través de la empresa Tourline Express, se realizaron 70 envíos, con un peso total de 2.526 kilos, valorados en 416.000 euros. En el registro llevado a cabo el 30 de agosto de 2016 se intervinieron 57 bolsas de tabaco picado con un peso de un kilo cada una y 446 gramos,valorado en 9.280 euros, así como una picadora metálica.
“Todos los internos que deponen en juicio oral, declaran que, en efecto, llegaban al centro pesadas cargas, todos ellos dicen que las tenían que descargar entre varias personas, con tabaco en hojas, y, allí mismo, en el Centro, los internos, efectuaban las labores de cortado, desbrozado, prensado y picado, de modo que queda listo para su envío a Andalucía”.
El TS no discute la cantidad tabaco decomisado y respalda los hechos probados sobre envíos semanales de “200 o 300 kilos”. No obstante, absuelve al acusado de dos delitos contra los derechos de los trabajadores y deja la condena inicial de ocho años de prisión en solo un año de cárcel por contrabando.
Por otra parte, en vía de responsabilidad civil fue condenado al pago de la deuda tributaria y aduanera defraudada e interesada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
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