El Supremo confirma la condena de 8,4 millones a Endesa por el incendio en Gádor

La Sala Primera del Tribunal Supremo confirma la condena de 8,4 millones de euros a la mercantil Endesa Distribución Eléctrica SLU por “daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un incendio forestal” en la Sierra de Gádor en marzo de 2014. La sentencia avala el pronunciamiento de la Audiencia Provincial y el TSJA y declara firme la condena contra la compañía por un incendio que quemó más de 3.200 hectáreas.

La primera sentencia del caso consideró probado que “el origen del incendio está en un cable de baja tensión de titularidad y responsabilidad de Endesa” ubicado en un cortijo privado. Un desperfecto esa línea generó un fuego de grandes dimensiones con efectos sobre terrenos en los términos municipales de Alhama de Almería, Enix, Gádor, Huécija, Santa Fe de Mondújar y Terque.

La Junta de Andalucía presentó una demanda civil para reclamar daños y perjuicios a la compañía de electricidad al entender que era la responsable del mantenimiento y, por tanto, incurrió en una negligencia con resultados fatales para el entorno.

Inicialmente se solicitaron 35 millones de euros, aunque la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería estableció la cuantía en 8,4 millones, que ahora resulta definitiva.

“La demandada ha negado de forma absoluta su responsabilidad en el siniestro, ni tan siquiera mínimamente, aún y a pesar de las obligaciones legales que le incumben en relación con el mantenimiento de las líneas eléctricas de su propiedad”, detalla la sentencia del Supremo.

La empresa acudió al Supremo para discutir los intereses moratorios (ya había conseguido en el juicio reducir un 75 por ciento la cantidad por daños y perjuicios que se solicitaba en la demanda de la Junta de Andalucía). Sin embargo, la sala de lo Civil mantiene el pronunciamiento y declara firme la condena.

Desde la Junta se reclamaba una cantidad total de casi 35 millones de euros; dividida en tres conceptos diferentes: pérdidas en productos maderables (24,5 millones); pérdidas de impacto ambiental y paisajístico (10,1 millones); y costes de extinción (231.000 euros).