El Ayuntamiento de Almería ha decidido esperar a saber cómo transcurre el proceso de llamada y firma de los propietarios del parking realizado en calle Arráez por ‘Almería XXI’ antes de reunirse con aquellos que ya han manifestado sus quejas ante los acabados del mismo y los problemas para la financiación después de que lo contemplado en los contratos, una subrogación a una hipoteca, no haya sido factible.
Explicaba la concejal de Urbanismo y consejera delegada de ‘Almería XXI’, Eloísa Cabrera, que ante la petición de reunirse con estos propietarios manifestada hace ya dos semanas y el compromiso de que se produjera, que “hay que esperar a que libremente se terminen las convocatorias y firmas de los contratos. Vamos a esperar, y en función de lo que veamos, pues ¿por qué no vamos a hablar con los que no estén de acuerdo?”, asegura.
Devolución
Ante la posibilidad de que alguno de los propietarios opte por no seguir adelante con este proceso, recuerda Cabrera que “cualquier persona que haya firmado un contrato para la adquisición de una plaza de aparcamiento y no esté convencido, se le devuelve y no hay ningún tipo de problema”. Afirma además que actualmente “se está firmando y tampoco vamos a generar una polémica por hablar con ellos, las puertas del Ayuntamiento están abiertas”.
Más allá de esto, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico reclama una solución tras denunciar el “lamentable estado de terminación” del inmueble. Desde la asociación vecinal califican este aparcamiento como “deslucido, caro y sin terminar” y piden una reunión urgente con el Ayuntamiento, del que esperan “que actúe en defensa del interés general de los vecinos y no del particular de la promotora”.
Consideran que el Consistorio “ha violado la confianza” de más de medio centenar de vecinos con “una construcción vergonzosa que ningún concejal compraría para él o sus familiares”, con “paredes de ladrillo”, “juntas inacabadas” y “problemas de accesibilidad”.
Además, aseguran que “se habrían incumplido los términos del contrato” después de que la compañía financiera contratada por la promotora “se haya negado a la subrogación de la hipoteca sobre la edificación”.
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