En la provincia de Almería existe un parque de viviendas en alquiler que ronda las 30.000 unidades. Con la nueva Ley de la Vivienda en vigor desde el pasado mes de mayo, los ayuntamiento, en colaboración con las comunidades autónomos y el Ministerio, podría empezar a aplicar el nuevo Indice de Precios de Referencia que se publicará en el BOE el próximo es de febrero. De facto, se trata de la nueva normativa que topará el precio de los alquileres y que en Cataluña entrará en vigor de forma inminente. No obstante, no afectará a todas las casas en renta, sino a las que estén ubicadas en aquellas zonas que los ayuntamientos cataloguen como zonas tensionadas. Para ello, esas áreas urbanas tendrán que cumplir determinados requisitos como el que la tendencia sea que la demanda supere a la oferta y que el alza de precios supere el 5% anual.
En la capital, podrían declararse en un futuro como zonas tensionadas, aunque todo está por ver aún, pisos y viviendas situadas entre el Paseo y La Rambla. En la provincia correspondería a zonas con gran demanda en zonas concretar de Roquetas, Aguadulce, Almerimar, Mójacar, Vera o Garrucha, entre otras.
Esto significa que una vez se ponga en marcha la norma, los nuevos contratos no podrán superar el tope marcado por el índice, mientras que los que se renueven se tendrán que ceñir a ese límite máximo a partir de 2025. En 2024 no aplicaría para dichos contratos porque por ley el incremento en este año está limitado a un 3% sobre el contrato previo. Una medida impulsada por el Gobierno para aliviar a los hogares ante la escalada del IPC.
La nueva Ley, sin embargo, no establece tope para el alquiler vacacional.
La nueva ley distingue entre pequeños y grandes caseros (los que tienen más de 10 casas, aunque se reduce a 5 en entornos de mercado residencial tensionado); los primeros pueden tomar el precio del anterior contrato como referencia del nuevo, mientras que los segundos deben atenerse al índice y ajustar el precio de forma que nunca lo excedan.
La redacción actualizada de la normativa, que relaja los requisitos para que los gobiernos autonómicos y locales puedan declarar una zona censal como área de mercado tensionado, abre la puerta a que en determinadas provincias más del 80% de los hogares puedan estar sujetos a la limitación de los precios del alquiler.
Según un informe de la consultora Atlas Real Estate Analytics, la provincia de Almería podría ser susceptible de aplicar un 53% de viviendas que cumplen los requisitos de estar en zonas tensionadas por la tasa de esfuerzo financiero de los inquilinos y por incrementos de precios superiores al IPC.
La declaración de zona tensionada también pone en funcionamiento otra serie de medidas de gran calado. Por ejemplo, las administraciones podrán rebajar el umbral de inmuebles en propiedad que se necesitan para ser considerado gran tenedor, reduciéndolo de la decena a las cinco casas.
La declaración de zona caliente también permite que los caseros con personalidad física puedan acceder a una serie de bonificaciones en el IRPF, con una deducción máxima del 90% sobre los rendimientos del alquiler si abaratan el precio un 5%.
Las casas vacías pagarán más IBI
Otra de las novedades de la nueva Ley de la Vivienda que podría empezar a aplicarse por los ayuntamiento de la provincia, por una impopular que parezca es el que afecta a las viviendas vacías. En la provincia, según el último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, hay algo más de 70.000 viviendas sin habitar. Entran en este capítulo, según los requisitos del INE para esta consideración, que la casa no disponga de contrato de suministro o que su consumo de todo un año haya sido inferior al que tendría de media de haber estado 15 días abierta. El porcentaje de viviendas vacías en la provincia, supera el 16%, el más alto de las provincias andaluzas, en buena parte procedente del boom de la vivienda registrado en los años de 2003-2007.
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