“El trabajo que se presenta en Almería es desbordante y cada año empeora la situación. Las carencias que afectan a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado son cuantiosas, destacando la necesidad de una ampliación de personal de Servicio Marítimo, embarcaciones adecuadas, personal de recepción y custodia en centro de atención temporal de extranjeros y de todo tipo de unidades territoriales y medios. Además, reclamamos medidas permanentes como un OCON-SUR y unas leyes que castiguen con mayor severidad e incluyan el petaqueo como delito”.
Estos son parte de los planteamientos que trasladaron ayer Víctor Vega y Javier Torrellas, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc), junto a Javier Socías, del Sindicato Unificado de Policía, a una amplia representación de alcaldes y concejales del Partido Popular de Almería en las zonas costeras, las que reciben, desde Adra a Pulpí, en su franja litoral embarcaciones con droga y/o con inmigrantes. Pudieron desplazarse a la capital los regidores de Adra, El Ejido, Balanegra, Carboneras y Níjar y ediles de Roquetas de Mar, Cuevas del Almanzora y la propia ciudad.
A la reunión en la sede provincial del PP asistieron también la diputada Maribel Sánchez Torregrosa y los senadores Miguel Ángel Castellón, Carmen Belén López y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.
Narcolanchas
Uno de los acuerdos adoptados en el encuentro fue el de elevar a los plenos municipales mociones con las reivindicaciones de las asociaciones y sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional. Unas reivindicaciones que llegan justo cuando Almería ha sido protagonista reciente por la llegada de alrededor de una decena de narcolanchas - empleadas para el transporte de droga y extranjeros - a las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sin que el Servicio Marítimo pudiera interceptarlas por el mal estado de la mar y porque sus embarcaciones son “chatarra flotante” con mucha menos potencia que las de los narcotraficantes.
En las mociones de los ediles populares se recogerán tanto las peticiones al Gobierno de más medios para ambos cuerpos de seguridad como más personal. En el caso de Almería, hay muchas vacantes que no llegan a cubrirse, recordaron Augc y SUP.
En la reunión conjunta de ayer se puso de manifiesto que el ritmo de la llegada de pateras a las costas de Almería “no cesa” y se ha recuperado la llamada “ruta de Marruecos”, al margen de la de Argelia.
En 2022 y 2023 fueron interceptadas 418 y 482 pateras, respectivamente. Pero es que en lo que va de año ya han sido interceptadas un total de 52, “lo que supone casi una patera por día y estamos aún en época invernal con varios temporales de fuertes vientos”.
En ese sentido, alertan desde la asociación Augc y el SUP que “no se atisba en próximas fechas un descenso de estos movimientos migratorios y se acercan tiempos veraniegos”.
“Tenemos cuatro medios que podríamos calificar como chatarra flotante con los que es imposible interceptar las narcolanchas. Salimos en una embarcación que los compañeros llaman la lata y que es un potro de tortura. No tenemos helicópteros, necesitamos además de más medios, más personal para luchar contra estas mafias”, recordaba Víctor Vega, portavoz de la Augc en Almería.
PP de Almería
Las explicaciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, sobre la presencia de alrededor de una decena de narcolanchas en la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que huyeron tras calmarse el temporal, no convencen al Partido Popular de Almería. Fernández vino a decir que eso ocurrió de forma excepcional - “la primera vez” - y que se debe también a que hay una mayor presión policial en la zona del Campo de Algeciras.
Así las cosas, la diputada nacional Maribel Sánchez Torregrosa acusó a Pedro Fernández, de “faltar el respeto a los almerienses y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en primer lugar haciendo declaraciones desde Granada y no visitando la provincia en estos momentos tan complicados, y en segundo lugar asegurando que era la primera vez que las narcolanchas aparecían en Cabo de Gata cuando en la Memoria de la Fiscalía de Andalucía del año 2019 ya se alertaba de que la presión policial llevada a cabo en el Campo de Gibraltar ya tuvo como consecuencia el desplazamiento de las mafias a otras zonas con menor presión policial como Almería y Huelva”.
En la rueda de prensa, tras la reunión entre parlamentarios nacionales, concejales y representantes de la asociación Augc y el sindicato SUP, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles de la provincia se reclamaba el cambio de modelo policial adaptado al siglo XXI y lamentaban que el Ministerio del Interior “no tome cartas en el asunto”.
“La falta de medios es escandalosa y pedimos más medios y personal para poder luchar contra las mafias. Se necesitarían unos 300 efectivos más en la provincia”, añadieron.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, dijo que las mafias no pueden actuar “impunemente” al tiempo que pedía que “los expedientes de expulsión se tramiten y se repatríe a migrantes según lo que marca el ordenamiento jurídico”.
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