“Las fronteras de Almería son ya las de Alemania o Finlandia”

Juan Ignacio Zoido, casado con una almeriense y ahora eurodiputado del Partido Popular, ha tenido un papel muy activo para que salga adelante el Pacto de Inmigración y Asilo.

¿Ha sido muy difícil poner de acuerdo a los diferentes partidos que conforman el Parlamento Europeo y a los gobiernos de los diferentes países para que se dé luz verde al Pacto de Inmigración y Asilo?

Este pacto ha necesitado casi diez años de negociaciones. Poner de acuerdo a 27 países, con geografías, demografías y retos migratorios muy diferentes es todo un reto. Si además tenemos que tener en cuenta las visiones de más de 700 eurodiputados de 7 grupos políticos de ideologías muy diferentes, se trata de todo un encaje de bolillos parlamentario. Por eso estamos muy satisfechos de haber conseguido aprobar un pacto que da garantías y un marco legal de largo plazo y que resulta muy positivo para España. Además, las principales críticas proceden de la extrema izquierda y la extrema derecha, de los populistas de un color y de otro, síntoma de que algo hemos hecho bien.

¿Qué importancia tiene para provincias costeras como Almería ese pacto?

Tras este acuerdo, las fronteras de Almería serán a efectos prácticos también las fronteras de Alemania o Finlandia, serán fronteras europeas en toda regla. Es decir, que los Estados miembros tendrán la obligación de colaborar.

En primer lugar, con la creación del mecanismo de solidaridad para gestionar la inmigración. Un fondo de más de 600 millones de euros anuales al que deberán hacer aportaciones todos los países europeos para financiar infraestructuras de acogida, reforzar la gestión de las fronteras y dotar de medios a los países de entrada. 

Como sabemos, España es la primera parada de muchos inmigrantes por el litoral mediterráneo. En el momento que entren en vigor los mecanismos del pacto, Almería ya no tendrá que afrontar en solitario la presión migratoria como un parapeto para el resto de países de Europa.

Almería es la provincia peninsular con mayor entrada de personas migrantes a lo largo del año pasado. Solo las Islas Canarias superan a las costas almerienses. ¿Cree que se dispone de los suficientes medios para luchar contra las bandas de la llamada inmigración ilegal?

Hasta la aprobación de este pacto, la solicitud de asilo era un mecanismo al que recurrían las mafias para colapsar el sistema. Con el Pacto, los Estados miembros podrán identificar y hacer una evaluación de riesgo de los inmigrantes que lleguen a nuestras fronteras exteriores y podrán dirigir a cada persona al procedimiento migratorio que le corresponda, el asilo o el retorno a su país de origen. 

Como le comentaba antes, el Pacto dispone de un potente mecanismo de solidaridad. Además de los fondos económicos, también prevé que los Estados aporten infraestructura y capital humano. En el supuesto caso de que un país necesitara administrativos o personal sanitario, podría recibir estos refuerzos del resto de Estados miembros. Insisto en que este nuevo pacto se ha aprobado con el equilibrio necesario entre solidaridad y responsabilidad.

¿Debe la Unión Europea dedicar un mayor aporte de fondos a países y provincias como Almería como consecuencia de la presión migratoria?

Y lo va hacer. El mecanismo contempla fondos especiales para zonas en que se realizan labores de salvamento marítimo. En España, fundamentalmente Andalucía y las Islas Canarias. 

El año pasado, Almería fue la provincia andaluza que más inmigrantes recibió por la vía marítima. En concreto, a 6.325 personas en 575 embarcaciones. Con estos datos, era fundamental que la UE recogiera en el pacto un régimen de ayuda especial para zonas más expuestas a experimentar picos de presión migratoria. 

Esta misma semana se ha apoyado en el Congreso una Iniciativa Legislatura Popular para tramitar una posible regularización de ciudadanos extranjeros en España. ¿Comparte, como apuntan desde Vox, que eso puede suponer un efecto llamada?

Desde el Partido Popular no vamos hacer populismo con una cuestión tan seria. Lo que se ha votado en España es simplemente la admisión a debate de la ILP; es decir, permitir que el Congreso de los Diputados pueda debatir sobre una propuesta que ha sido apoyada democráticamente por 700.000 personas y más de 700 organizaciones que desempeñan un papel clave en la labor social en España, como Cáritas. Nuestra posición es muy clara: creemos que España debe cumplir con sus obligaciones internacionales, dar protección y asilo a aquellos que determine la ley, gestionar gradualmente la llegada de aquellos inmigrantes que quieren venir a trabajar y a integrarse, y acelerar la expulsión de todos aquellos que delincan o vengan de la mano de las mafias. 

¿Es partidario de penas más severas hacia quienes dirigen las mafias del tráfico ilegal de personas desde África hacia Europa?

Soy partidario de que les caiga todo el peso de la ley posible. El Pacto es muy duro con las mafias que trafican con personas. He estado particularmente sensibilizado con este caso, pues en mi etapa como ministro del Interior pude ver cómo estas mafias trataban a sus víctimas por debajo del umbral mínimo de derechos humanos.

Nuestro propósito es acabar con ellas estrechando el cerco. Con el nuevo pacto vamos a desbloquear el sistema de solicitudes, evitando el clima de saturación del que veníamos, que obligaba a los inmigrantes a venir a la desesperada. En adelante, todos sabrán que las mafias no podrán ofrecerles ninguna garantía de entrar en Europa y recurrirán a las vías oficiales.

¿Qué implica el Pacto para el colectivo de personas que se desplazan hacia la UE y solicitan el asilo?

Como decía, el Pacto de Migraciones y Asilo pondrá en marcha un sistema ordenado y coordinado para evitar que el sistema de solicitudes de asilo se sature, priorizando a aquellas personas que necesitan urgentemente la protección internacional. 

No se puede seguir poniendo en el mismo costal a los inmigrantes económicos y a los solicitantes de asilo porque sus solicitudes responden a supuestos legales y horizontes temporales bien diferenciados.