La madre de Gabriel Cruz exige su derecho a la intimidad y el honor

Dónde acaba la información y dónde comienza el espectáculo. Es lo que se pregunta Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en Almería en 2018 por la que entonces era la novia de su padre, Ana Julia Quezada. Ramírez, que comparece en la Comisión de Interior del Senado, asegura que esta mujer, condenada a prisión permanente revisable en 2019, ha intentado grabar desde la cárcel abulense de Brieva, donde se encuentra presa, un documental para un programa televisivo sobre la muerte de su hijo. Patricia Ramírez, asegura que lo está haciendo en contra de la familia del menor. La madre del pequeño ha lamentado y ha pedido a instituciones y plataformas de televisión que paren el rodaje y ha interpuesto querellas judiciales contra la reclusa por supuestamente haber tenido entrevistas para la grabación de ese documental.

En su momento, el Consejo Audiovisual de Andalucía denunció el tratamiento realizado por algunos medios de comunicación sobre este caso. Se produjo una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho al honor, el derecho a la intimidad y, también, a la propia imagen. Es innegable tener en cuenta el Código Deontológico que los periodistas deben cumplir a la hora de llevar a cabo su actividad. Muchas veces, el código se incumple, dando primacía a la transmisión inmediata y sensacionalista de información frente a la ética periodística, llegaron incluso a perjudicar la investigación. El artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Por el contrario, el artículo 20 de la Constitución Española está dedicado al derecho a la libertad de expresión, comunicación e información, que tiene tanta legitimación y vigencia como el del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Pero matiza que, estas libertades tienen su límite en las leyes. Es evidente que los medios de comunicación no pueden actuar ilimitada e irresponsablemente, mintiendo o deformando la verdad y entrometiéndose ilegítimamente en las vidas privadas ajenas. Lo mismo que la libertad de expresión, comunicación e información son derechos fundamentales de cada ciudadano, para mantener un nivel de la opinión pública libre en un Estado democrático donde el valor fundamental del pluralismo político.

Patricia Ramírez tiene todo el derecho a denunciar el grado de indefensión, desamparo y desprotección que ha sentido desde la muerte de su hijo ante las continuas publicaciones en prensa y en televisión. Ella ha solicitado esta comparecencia en el Senado para exponer la situación de “revictimización” que viven las víctimas de delitos violentos debido a la “violencia mediática”, y ha asegurado no estar sola en su empeño. En la rueda de prensa que ofreció en mayo en el Patio de Luces de la Diputación, se dirigió directamente a Ana Julia Quezada para decirle: “Si realmente te arrepientes de lo que hiciste, no hagas esto ahora”. Algo que hay que decirles también a los medios o empresas que buscan un beneficio económico aprovechándose de su dolor.