La saturación judicial en Almería retrasa los juicios hasta 2028

La situación de la justicia en Almería ha alcanzado niveles insólitos, afectando directamente a los ciudadanos que sufren las consecuencias de una administración desbordada y negligente. Así lo denuncia el Sector Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tras el último informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

Según el informe, los Juzgados de lo Social números 1, 2, 3, 4 y 5 de Almería han superado en 2023 una carga de trabajo del 200%, convirtiéndose en los juzgados con mayor carga de trabajo a nivel nacional, a pesar de contar con el apoyo de un "juzgado de refuerzo" dedicado exclusivamente a casos de despido.

Este colapso se mantiene, y lo más alarmante es que los procedimientos no urgentes tienen fechas de señalamiento que se extienden hasta mediados de 2028, una demora inaceptable que genera gran desidia y resignación entre los ciudadanos. Además, la situación es igualmente crítica en los Juzgados de Primera Instancia de la capital, que también presentan porcentajes de carga cercanos o superiores al 200%, situación que se repite en el resto de jurisdicciones y partidos judiciales de la provincia.

La raíz del problema

La creación de un nuevo Juzgado de lo Social podría parecer una solución temporal, pero resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. Se necesita una inversión sustancial en recursos humanos y materiales para que la justicia en Almería pueda funcionar de manera eficiente y eficaz.

Según denuncia el Sector de Justicia de CSIF, la raíz de esta crisis se encuentra en la crónica falta de medios y la mala gestión por parte de la Consejería de Justicia, dirigida por José Antonio Nieto. A pesar de la inversión de más de 20 millones de euros en un nuevo programa de gestión procesal, el sistema no solo presenta fallos técnicos, sino que además ralentiza el trabajo diario en las oficinas judiciales. Los funcionarios de justicia en Andalucía, y especialmente en Almería, se ven obligados a trabajar con equipos informáticos obsoletos, espacios colapsados y un número insuficiente de personal.

Consecuencias

Desde el Sector de Justicia de CSIF manifiestan que esta falta de recursos afecta no solo a los trabajadores del sistema judicial, sino que también tiene un impacto devastador en los ciudadanos que dependen de la justicia.

La lentitud en los procesos judiciales significa que los ciudadanos deben resignarse a una espera interminable para obtener una resolución, provocando situaciones como tener que esperar cuatro años para obtener un reconocimiento de incapacidad o de desempleo, con las implicaciones que esto tiene para su vida diaria.

Además, los profesionales de la justicia, como abogados y procuradores, se ven perjudicados en el desarrollo de su trabajo, mientras que los funcionarios deben soportar condiciones de trabajo inaceptables.

Asimismo, desde el Sector de Justicia de CSIF aseguran que la justicia no puede seguir siendo la gran olvidada de la Administración y urge al Consejero José Antonio Nieto a que cumpla con su responsabilidad, reconozca el estado crítico de la justicia en Almería y tome medidas efectivas.

"Es imprescindible una gestión adecuada que dote a los juzgados de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar un servicio justo y eficiente. La inversión en tecnologías debe ser acompañada de una dotación y reconocimiento de personal adecuada, así como la modernización de los equipos, para agilizar el funcionamiento de las oficinas judiciales. Porque, como ya sabemos, la justicia, si es lenta, no es justa", concluyen.