A pesar de que Francisco hace frente religiosamente cada mes a la factura de la luz, lleva ya más de un lustro sufriendo cortes eléctricos en su vivienda. Su hartazgo, como el de otros muchos vecinos de la zona, es más que evidente. "Estamos pagando 70 u 80 euros al mes y no tenemos derecho a nada", afirma de forma tajante este afectado por las consecuencias de los enganches ilegales que lleva tres semanas disponiendo en casa de solamente dos horas de electricidad al día.
"Llamamos constantemente a atención al cliente, la luz vuelve pero por muy poco tiempo. Hace cinco años pusieron un transformador y líneas nuevas, pero sigue habiendo enganches", explica este almeriense residente en el barrio de La Fuentecica, zona en las que numerosas personas sufren la problemática de los fraudes registrados en la red eléctrica relacionados mayormente con las plantaciones de marihuana.
Junto a Granada y Barcelona, la provincia de Almería es desde hace años uno de los puntos calientes de España, y también de Europa, de cultivo de cannabis, algo que está relacionado con la mitad de los miles de enganches ilegales que se detectan cada año en territorio almeriense y que perjudican a cientos de ciudadanos diariamente. Entre 2021 y 2022 se detectaron más 9.900 de estas situaciones fraudulentas.
"Presentamos reclamaciones en Industria y en la compañía eléctrica, pero seguimos con cortes de luz constantemente. A veces vienen a solucionarlo y llegan incluso con la Policía y quitan los enganches, pero el problema sigue. Estamos pagando nuestra factura y no tenemos luz", asegura Francisco, cuyo piso está en un vecindario de cinco calles (Furia, Palomares, Corridas, Ceuta y Sacromonte) con seis bloques de viviendas cada una y cuyos vecinos se plantean salir a la calle y concentrarse para dar visibilidad a esta circunstancia que ya se ha convertido en una rutina.
Esta situación ha cambiado la rutina diaria de los residentes de esta zona. Sin ir más lejos, la mujer de Francisco tiene que hacer la comida a primera hora de la mañana, a la del desayuno, para aprovechar antes de que llegue el corte de luz. "También tenemos problemas para poder ducharnos con agua caliente y muchas veces nos ponemos a ver tranquilamente una serie en televisión y a los diez minutos se corta", afirma.
Como este matrimonio, otros muchos vecinos están hartos de no saber cuándo se irá la luz en sus viviendas y no es la primera vez que han denunciado esta problemática que no parece que vaya a resolverse en un corto plazo. "Hemos tenido un verano con noches de mucho calor y no podíamos ni hacer uso de aire acondicionado o ventiladores. Es insufrible", comenta este afectado que centra sus exigencias en Endesa para que se encuentre una solución.
Preocupa además que muchas personas mayores de esta zona tienen en sus neveras "medicamentos caros" que, por culpa de las largas horas sin luz, se les pueden echar a perder, por lo que se ven obligados a llevarlos a viviendas de familiares o conocidos para que se mantengan en buen estado. Desgraciadamente, esta situación no solamente se da en La Fuentecica, otros barrios de la capital también sufren estos daños colaterales de los enganches ilegales que en la provincia almeriense generan al año alrededor de 17 millones de kilovatios hora defraudados, según datos de Endesa. La Chanca, El Puche, Los Almendros, Piedras Redondas, Torrecárdenas o Los Ángeles, son otros de los lugares más afectados.
Demanda energética desmesurada
La compañía explicaba recientemente a LA VOZ que una plantación, como las que se suelen incautar en Almería, puede llegar a consumir como si 80 viviendas se conectasen 24 horas a la red. Una potencia que, evidentemente, supera con creces la capacidad y potencia de la que se dota a la zona que genera una demanda energética desmesurada equiparable a la de un polígono industrial.
Realizar intervenciones masivas de la mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como las que ya se realizaron en enero, febrero o julio de este mismo año, es la única solución efectiva. Asimismo, cabe recordar que Endesa ha invertido 120.000 euros para intentar digitalizar la red y poder actuar de manera remota lo antes posible y, evitar así, problemas mayores.
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