El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a los seis ayuntamientos almerienses de más de 20.000 habitantes para proponerles que destinen el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico a la financiación de actuaciones de mejora en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas, así como actividades relacionadas con la formación en educación vial.
En concreto, ha enviado un escrito a los ayuntamientos de Almería capital, Adra, Roquetas de Mar, El Ejido, Vícar y Níjar.
Esta iniciativa forma parte de las medidas puestas en marcha por la oficina del Defensor del Pueblo de acuerdo a la actuación de oficio, dirigida a los 81 ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes para que asuman el compromiso ya adquirido por la Administración general en la Ley de Tráfico sobre materia sancionadora y lo recojan en las ordenanzas de tráfico municipales.
Medida de refuerzo
Según han destacado fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz en una nota de prensa, se trata de una medida de refuerzo y coherente con los fines de la propia Ley de Seguridad Vial y de respeto con la actuación de los agentes que vigilan la ordenación y regulación del tráfico.
Dicha iniciativa fue anunciada por el titular de la Institución durante la celebración de las IV Jornadas sobre Seguridad Vial, organizada por esta institución y la red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía el pasado mes de noviembre.
De los 81 municipios que hay en Andalucía con más de 20.000 habitantes, seis se localizan en las provincias de Almería, Huelva y Jaén, respectivamente; 15, en Cádiz; 8, Córdoba; 7, Granada; 16, en Málaga y, 17 ayuntamientos, en Sevilla.
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