El juez del Caso Poniente rebaja fianzas por el menor riesgo de fuga

El juez que instruye el Cas Poniente, por el que se investiga desde hace más de cuatro años una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería), ha resuelto rebajar las fianzas personales que pesaban sobre los cinco principales imputados aunque mantiene las cauciones por responsabilidad civil a la espera del informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que precise a qué cantidad asciende el dinero público que se podría haber malversado bajo mandato del exalcalde Juan Enciso (PAL).

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la decisión del magistrado Jesús Miguel Hernández responde a que estima que, debido al tiempo transcurrido, habría "desaparecido o disminuido" de manera "evidente" el riesgo de fuga, a lo que hay que sumar el hecho de que los encausados han "cumplido en todos sus extremos" con lo estipulado "al serles autorizados, de manera puntual, viajes".

En concreto, se han rebajado las medidas cautelares que obligaban al exalcalde Juan Enciso y al exinterventor del Ayuntamiento de El Ejido José Alemán, a personarse en sede judicial dos veces al mes --ahora deberán hacerlo una-- y la prohibición de salir del país con retirada de pasaporte. Los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán y Ambrosio Cuevas también han visto "suavizadas" las fianzas personales en el mismo sentido.

El caso Poniente, instruido por el Juzgado de Instrucción número 2 imputa con unos 80 implicados por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, estalló el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional de las oficinas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y del Ayuntamiento de El Ejido, gobernado entonces por el PAL.

El sumario, en virtud de cual estuvo encarcelado durante ocho meses el exregidor, divide la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa. De este se desprende de forma inicial que las sociedades de los principales implicados facturaron de la empresa mixta Elsur, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares", al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.

Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur, considera eje de la presunta trama, y extiende la investigación a una supuesta corrupción urbanística en torno a Desarrollo Urbanístico de El Ejido.

La conclusión del sumario está a la espera del informe de la Agencia Tributaria (AEAT) resultante del análisis de un terabyte de información en soporte digital y 200.000 folios de documentación intervenida. Al juzgado ya se han remitido ocho informes de avance y conclusiones provisionales en torno a Elsur, participada al 30 por ciento por una filial de Abengoa, y sus subcontratas.