Francisco Barea, ex jefe de la Policía Autonómica, y Francisco Llinares, actual responsable de la unidad, se reencontraron ayer en la Audiencia Provincial de Almería. El primero compareció acusado de delitos de malversación y falsedad documental, mientras el segundo declaró como testigo y es el promotor de la denuncia.
El testimonio de Llinares se anunciaba como clave. Su denuncia sobre presuntas irregularidades en las facturas de comidas y obras entre 2007 y 2009, con un fraude cifrado en 33.000 euros, motivó la acusación contra Barea y un funcionario, que se enfrenta a penas de hasta 6 años de prisión.
Llinares negó una persecución personal contra los acusados y subrayó que encontró facturas sospechosas firmadas por el mencionado Francisco Barea, y por eso presentó el informe a la Fiscalía. “Me parece absurdo que alguien diga que quiero quitarle el puesto”, afirmó. “Miré facturas aleatoriamente y me encontré con eso (...) me sorprendió aparecer en comidas en las que no estuve o con personas con las que no estuve”.
Material
El actual jefe mantuvo su versión sobre los acusados y señaló que realizó “una breve investigación” antes de preparar los informes que luego motivaron el procedimiento. Afirmó que era “obligación” por su puesto denunciar, aunque reconoció que no tenía constancia de que Barea se hubiera apropiado de “un euro o un céntimo” de dinero público.
En este sentido, las defensas sostienen que existió una única desviación de fondos: dinero destinado para un material que finalmente se destinó a otras necesidades de la unidad más acuciantes, como botas o reparaciones de coches policiales.
Llinares sostuvo ayer que era un procedimiento irregular, aunque admitió que él mismo lo hizo siendo jefe accidental de la Autonómica. Sucedió con una factura para la compra de material de oficina, camuflada como adquisición de material para patrullas en la sierra. “Fue un error, lo reconozco plenamente, fue sólo una vez y no volvió a ocurrir (...) era primerizo en el puesto, me vi desbordado y salvé el asunto como pude”, expuso el testigo ante un jurado popular.
Por otra parte, el testigo se desvinculó de una factura de 1.400 euros por un “copa” en una cena de Navidad, cargada al erario público.
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