El TSJA dicta que el Ayuntamiento hizo un contrato ilegal

El consistorio capitalino contrató a una abogada que no cumplía con los requisitos, según el tribunal

Redacción
18:14 • 02 feb. 2014

El Ayuntamiento de Almería tendrá que indemnizar a una abogada con 17.241,38 euros, según recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada a conocer esta misma semana. El alto tribunal ha rechazado el recurso del Ayuntamiento contra una sentencia del juzgado de Almería que daba la razón a la reclamante.
Con motivo de la puesta en marcha del Plan Municipal de Inmigración 2008-2010, el Ayuntamiento de Almería procedió a la selección de dos asesoras jurídicas para trabajar en los servicios municipales de la entonces concejalía de Atención Social, Cooperación y Políticas de Igualdad.


Otra licenciada La reclamante, que había trabajado ya cuatro años para el ayuntamiento como abogada especializada, se presentó a la nueva selección  pero no fue elegida. 
Sí lo fue otra licenciada en derecho que, de acuerdo con la reclamación  y el fallo judicial, no reunía todos los requisitos exigidos. Dicha persona fue contratada y realizó el trabajo. La sentencia del TSJA obliga al ayuntamiento a pagar a la reclamante el importe del servicio que no pudo prestar.
La concejala socialista en el ayuntamiento de Almería, Inés Plaza,  señala que “esto se ha convertido en una práctica habitual en los gobiernos del PP. No se trata sólo del perjuicio causado a una profesional del derecho sino de la ligereza con la que el PP contrata a determinadas personas pese a no cumplir, como dice el TSJA, con los requisitos de la selección”.


Sentencias Plaza advierte que esta no va ser la última resolución judicial contraria a los intereses de la ciudad. “La gestión del Alcalde está jalonada de sentencias que repercuten en el bolsillo de los almerienses sin que nadie asuma responsabilidades. Casos como la Ciudad Digital, el IBI, el cobro de multas, los cementerios y tantos otros más acumulan millones de euros en indemnizaciones y compensaciones que salen del bolsillo de los almerienses en detrimento de inversiones sociales o productivas que necesita la ciudad”.







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