ANPE pide una ley andaluza de autoridad del profesorado

En su artículo 124.3, la LOMCE afirma que el profesorado de centros de enseñanza será considerado autoridad pública. Esto supone que los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad. Según el sindicato de educación ANPE, “la  principal  implicación  jurídica  del  reconocimiento  de  la  autoridad  pública  del profesorado es su delimitación como colectivo de funcionarios que han de ser protegidos en atención a la función que desempeñan y que ostentan mando y ejercen jurisdicción propia. Cualquier agresión grave contra ellos pueda ser calificada como delito de atentado a la autoridad, tipificado en el Código Penal”.

“Con anterioridad a la publicación de la LOMCE, varias comunidades autónomas, gracias en parte al influjo del discurso de ANPE, aprobaron leyes de autoridad del profesorado que en su ámbito territorial regulaban aspectos como la condición de autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica, los deberes de las familias o la reparación de daños ocasionados a docentes. Mientras, la  Junta  de  Andalucía contemplaba de modo disperso en su normativa educativa buena parte de las medidas contenidas en las distintas leyes de autoridad de otras autonomías. Sin embargo, siempre se ha negado a reunir todas ellas en una ley, así como a reconocer la autoridad pública del profesorado, auténtico problema de fondo” añade el sindicato.

Para ANPE, “la aprobación de la LOMCE pone fin a las excusas del gobierno andaluz en esta materia. Su obligado cumplimiento fuerza a la Junta a reconocer la autoridad pública del profesorado. Reconocimiento que exigimos  se  plasme  en  una  ley  de  autoridad  similar a la de  otras  comunidades y que reúna en un único cuerpo toda la normativa andaluza existente en materia de derechos y protección jurídica del profesorado”, concluye.