El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Social número Tres de Almería que concede a una niña de Vícar, hija de una víctima de violencia de género, una pensión de orfandad completa.
El tribunal consideró, por primera vez en España, que la niña era huérfana “absoluta” por la muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre. Un hito para las víctimas.
Sin embargo, la sentencia no era firme. El INSS cumplió con el plazo legal y anunció al juzgado su voluntad de presentar recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Pues bien, fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en Almería confirman a LA VOZ que finalmente no se formalizará el recurso.
Los servicios jurídicos centrales del INSS emitieron un informe el pasado lunes para aclarar la posición del organismo ante un problema legal nuevo. ¿Cuáles son los derechos de los hijos de las víctimas de violencia de género? ¿Cuáles son los derechos de los agresores respecto a sus propios hijos?
Un nuevo camino
A la espera de una solución de los legisladores (el asunto está ahora en el Parlamento), el INSS apuesta por no recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social número Tres de Almería. El fallo del magistrado Aparicio y la demanda de la letrada María Vázquez serán desde ahora un instrumento jurisprudencial básico en la defensa de los derechos de los hijos de maltratadas.
Consciente de la relevancia del caso, destapado por LA VOZ DE ALMERÍA, el Consejo General de la Abogacía Española y diversas organizaciones sociales se han interesado ya por el contenido de la sentencia y sus posibles implicaciones en otros sucesos similares al registrado en la Puebla de Vícar en 2011.
La decisión del INSS resuelve así la demanda civil presentada por la familia, sin embargo, el caso continúa todavía su recorrido judicial penal. El Tribunal Supremo determinará finalmente la entidad de la condena. La Audiencia Provincial de Almería le condenó en 2013 a 27 años de cárcel (incluida pena por violencia de género contra su hija), aunque el TSJA rebajó la sanción a 22 años unos meses después.
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