La Fiscalía ve indicios de delito en la adjudicación del Mesón Gitano

La Fiscalía ha ordenado que se investigue por vía penal la adjudicación del contrato de las obras de rehabilitación del Mesón Gitano al apreciar que la actuación en el seno de la empresa municipal Almería Urban podría constituir presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.
El Ministerio Público oficia, asimismo, a la Policía Judicial para que realice un informe acerca de las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de licitación y adjudicación del proyecto a la empresa Facto S.A. y solicita que declaren en calidad de testigos el decano del Colegio de Arquitectos, Javier Hidalgo, y el portavoz de UPyD, José Luis Raya, como denunciantes.

Mismo proyecto El decreto de la Fiscalía recoge que se tiene “constancia” de la existencia de dos propuestas presentadas por dos “contratistas distintos” que contenían “idéntica propuesta de proyecto” pero con precios de licitación “muy dispares”. Señala que el de Facto SA era de 4,4 millones mientras que el de Salcoa SA era de 5,4 millones.
Indica en esta línea que hay que añadir que UPyD en su denuncia alude a la “estrecha relación entre ambas empresas” y a la puntuación concedida a Facto SA, “la misma que a Salcoa SA”, ha sido “muy superior” a las demás por lo que, “a pesar de ser su oferta una de las más caras”, ha conseguido la adjudicación “gracias a la puntuación técnica”.
El Ministerio Público señala, asimismo, que se hace referencia a la “estrecha relación” entre uno de los técnicos municipales que realizó la valoración y una trabajadora de Facto SA, y de los cinco técnicos del Ayuntamiento que han realizado la valoración técnica de los proyectos con la misma empresa.

Denuncia “Del examen de ambas denuncias y documentación se deduce (...) que los hechos denunciados pueden ser constitutivos, sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación, de los delitos de prevaricación y del de tráfico de influencias”, concluye para formular la denuncia.
El consejo de administración de Almería Urban resolvió en noviembre iniciar acciones legales “personales” contra los miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio y la junta directiva del Colegio de Arquitectos por supuestos perjuicios económicos y sociales a la ciudad “derivados de la no ejecución” del Mesón Gitano. La decisión llegaba después del auto del TSJA que ordenaba suspender cautelarmente el contrato de obras a raíz de un recurso interpuesto por el órgano colegial.

Aval de los arquitectos El Ayuntamiento informaba ayer de que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había acordado exigir al Colegio de Arquitectos de Almería la presentación de un aval o fianza por 536.432 euros para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la suspensión del proceso de contratación para llevar a cabo el proyecto. El Colegio tiene 30 días para depositar la fianza, que es un 10% del precio total del contrato.
Conocida la orden de Fiscalía, el concejal de Fomento y consejero delegado de Almería Urban, mostraba ayer su “máxima confianza y respeto a la Justicia” y calificaba la investigación como “el tratamiento normal y lógico que el fiscal debe dar a este asunto, ya que ha sido el Colegio de Arquitectos de Almería el que ha querido judicializar este proceso”.
A pesar, incluso, dicen, de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales d e la Junta ya desestim