Conflictos laborales se señalan en los Juzgados de lo Social para 2016

“¡Nos veremos en los tribunales!”, exclama anunciando el pleito. “Sí, pero dentro de dos años por los menos”, replica con total seguridad. Y esta fórmula se convierte en axioma a fuerza de repetición.

En tiempos donde la crisis económica ahonda la herida del desempleo y los conflictos laborales se disparan en las estadísticas, los Juzgados de lo Social sobreviven a duras penas a la avalancha de asuntos.

Ayer un grupo de laboralistas, representación de abogados y graduados sociales de Almería, se reunió en la Ciudad de la Justicia para diseñar medidas de protesta frente al retraso endémico que sufren los Juzgados de lo Social.

Las vistas para los litigios abiertos hoy se señalan para finales de 2016 y, según algunos profesionales, hasta para 2017.  La situación provoca una verdadera indefensión para las partes, a menudo ciudadanos pendientes de la legalidad de un despido, la recepción de una prestación o una declaración de invalidez, es decir, asuntos donde la celeridad de las resoluciones judiciales es capital.

La asamblea se celebró de manera informal en la sala de bodas de la Ciudad de la Justicia con la presencia de unos 25 profesionales. Entre los acuerdos alcanzados está la creación de una comisión formada por representantes de graduados sociales, abogados y la Asnala (Asociación Nacional de Laboralistas).

Medidas de protesta

El grupo realizará un seguimiento de los Juzgados de lo Social y elevará una petición para reforzar sus recursos. Exigen la puesta en marcha de un nuevo juzgado, un juez de refuerzo y mayor flexibilidad en las conciliaciones judiciales y en las acumulaciones (que iguales demandas de iguales empresas sean turnadas al mismo juzgado).

Estas peticiones se trasladarán en los próximos días a la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, y al juez decano de Almería, Luis Miguel Columna, si bien las competencias sobre los refuerzos corresponden a la Junta de Andalucía.

El Colegio de Graduados Sociales de Almería se reunió hace unas semanas con la diputada autonómica Rosalía Espinosa (PP) para trasladarle su preocupación sobre el retraso en los señalamientos. En un informe emitido a la parlamentaria regional se incluyeron demandas similares. “Como sugerencia  creemos que a Almería capital le hace falta un Juzgado de lo Social más, para descargar de trabajo a los demás; las quejas principalmente van destinadas al Social número Dos, que es con diferencia el que peor lo lleva”, señalaba el documento.

El colectivo planteaba, incluso, la posibilidad de reforzar estos juzgados con el personal que eventualmente quedará fuera del Registro Civil por la “privatización” anunciada por el Ministerio de Justicia (medida ahora cuestionada por el desencuentro con los registradores de la propiedad).