El Ayuntamiento de Almería tiene tres meses para pagar más de siete millones de euros a los acreedores de la antigua concesionaria de los cementerios, que en 2006 anunció que quería dejar la prestación del servicio y pedía una liquidación de 5,4 millones.
Después de dos sentencias del TSJA favorables a la UTE de empresas que ofrecía el servicio en Almería, un auto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 1 declara ahora nulidad absoluta para un acuerdo de la junta de gobierno local que en diciembre pasado acordaba iniciar un expediente para la revisión del asunto.
El juez entiende ahora que no hay fundamento jurídico para iniciar ese expediente y que buscaría eludir el cumplimiento de la sentencia.
Así lo ha expuesto esta mañana el grupo municipal socialista en rueda de prensa. Su portavoz, Joaquín Jiménez, dice no estar contento, pero sí pide responsabilidades políticas porque, entiende, que el Ayuntamiento mantuvo silencio desde 2006 en relación a este asunto.
El PSOE ha pedido al alcalde la constitución de una comisión para dirimir por qué no se hizo nada y quien tiene la responsabilidad.
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