Sanciones a bancos por no ofrecer sus 22 VPO en Almería

La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a entidades financieras que operan en la provincia de Almería y que disponen de 22 viviendas de protección oficial que no han sido inscritas en los registros de demandantes de los ayuntamientos, como así se les obliga por parte de la Ley de Función Social de la Vivienda impulsada desde la Consejería de Fomento.

Dado que la sanción que se propone es de 60.000 euros por cada VPO no inscrita, en el caso de esta provincia el conjunto de las multas superaría los 1,3 millones de euros, según las estimaciones del departamento que dirige Elena Cortés (IU).

La información aportada por la consejera ayer en la Comisión Parlamentaria en Sevilla no concretó cuáles de las ocho entidades con expediente sancionador tienen vinculación con los 22 informes emitidos desde la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería.

Cortés Ruiz indicó que, a nivel andaluz, la Consejería que dirige ha abierto ocho procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 11,1 millones de euros.

En total, se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva, informó Fomento y Vivienda en una nota tras la Comisión Parlamentaria.

Según la Junta, las entidades financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2).

“Los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social”, ha afirmado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en  el citado órgano, del que forman parte, entre otros, los almerienses Miguel Ángel Castellón (PP) y Manuel Recio, exconsejero (PSOE).