La delegada del Gobierno en Andalucía presenció a pie de muelle la descarga de las diez toneladas de hachís decomisadas en la captura de un pesquero egipcio el pasado 7 de marzo. La denominada Operación Otero de Vigilancia Aduanera mostraba, según Carmen Crespo, la apuesta del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, un mes después, la Audiencia Nacional pone nombre al peor enemigo de este esfuerzo: el propio Gobierno.
El magistrado Fernando Andreu ordenó ayer la puesta en libertad de los ocho tripulantes egipcios por falta de jurisdicción española en el caso. La medida es una consecuencia directa de la anulación de la justicia universal aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de febrero y abre una vía para la impunidad de los alijos más importantes de la historia de Almería, denominados "mega-alijos".
Según el auto judicial, España no tiene jurisdicción para perseguir estos cargamentos de droga desde la última reforma legal. No se da ninguno los cuatro supuestos para ello; a saber, que sea un barco español, que esté en aguas españolas, que se dirija al territorio nacional o que el envío tenga participación de españoles.
Distancia y destino
Según la investigación, el pesquero egipcio “de 25 metros de eslora y muy deteriorado” fue localizado inicialmente en el litoral marroquí e interceptado luego en aguas internacionales del Mar de Alborán, a unas 67 millas de Cabo de Gata. A bordo transportaba 9,8 toneladas de hachís en 401 fardos (los primeros datos situaban la carga en torno a 13.000 kilos).
Los ocho tripulantes fueron detenidos y trasladados al Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, que decretó su ingreso en el centro penitenciario de El Acebuche. El 21 de marzo el asunto pasó a la Audiencia Nacional y ayer el magistrado Fernando Andreu decretó la puesta en libertad de los presuntos traficantes.
“En este caso no es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento de estos hechos” porque el “principio de persecución universal se ha visto recientemente modificada y limitada”, explica el magistrado.
Según el auto, “procedían de Alejandría (Egipto), cargaron la sustancia en la costa de Marruecos y se dirigían a Libia para descargarla”. Por tanto, aunque España colaboraba en una investigación internacional con autoridades francesas, no tiene jurisdicción para perseguir este delito.
Así pues, los ocho ciudadanos egipcios salieron de prisión de El Acebuche a las siete y media de la tarde de ayer. Curiosamente uno de los excarcelados recibió el alta médica el lunes tras pasar varios días ingresado en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas por meningitis.
Ley de Extranjería
Los tripulantes quedan libres de cargos, aunque serán expulsados del país por una infracción a la Ley de Extranjería. Tres furgones de la Policía Nacional recogieron a los marineros en el centro penitenciario de Almería la tarde de ayer y ya se trabaja en los expedientes de repatriación a Egipto. A corto plazo, la eliminación de la justicia universal en España puede provocar la salida de prisión de otras dos tripulaciones en circunstancias similares.
Por una parte, los marineros de un buque localizado por Aduanas con 12 toneladas de hachís a mediados de febrero esperan El Acebuche una respuesta al asunto, mientras en Málaga existe un caso similar de medidos de marzo.
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