Sorpresa y tranquilidad entre los empresarios y sindicatos almerienses

Ni los sindicatos ni los empresarios almerienses, frecuentes organizadores de cursos de formación con ayudas públicas parecen estar preocupados por el caso de fraude en este tipo de subvenciones. Tras conocerse la investigación, descartan cualquier responsabilidad en este tema.

Lo decía ayer el secretario provincial de Comisiones Obreras, Juan Pallarés, que asegura que los cursos que han desarrollado “están perfectamente reglados y controlados” y señala que toda la documentación y expedientes “están ahí para quien los quiera comprobar”.

La misma postura en UGT, que indica que todo el proceso de formación del sindicato se ha realizado de forma correcta y que, en cualquier caso, no tienen ninguna notificación ni comunicación por parte de la investigación.

Desprestigio
Los sindicatos han lamentado, en cualquier caso, que tras conocerse esta investigación “se trate de desprestigiar a los sindicatos y generar una incertidumbre en la sociedad hacia las acciones que realizamos”. Un lamento reforzado por el hecho de que todos los expedientes investigados desde la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción se refieren a empresas dedicadas a la formación y no a cursos de las centrales sindicales.

Tampoco los empresarios almerienses temen las consecuencias de la investigación y ayer mismo su presidente, José Cano, optaba por la prudencia en un caso del que por ahora se desconocen casi todos los extremos.

Los empresarios
Desde la Confederación de Empresarios se ha rechazado cualquier tipo de vinculación y se afirma que si hay empresas que hayan realizado prácticas irregulares, tendrán que asumir su responsabilidad”.

La misma opinión en la Asociación de Entidades de Formación y Empleo (Cecap) que ha pedido que en el caso de que se demuestren las irregularidades “se eche a los sinvergüenzas”  de este sector. Apela a que en casos de la proyección pública del actual, la cuestión es delimitar responsabilidades para que “no paguen justos por pecadores”.

La política 
Como era de esperar, al conocerse la investigación sobre el presunto fraude por los cursos de formación, la batalla política se ha puesto en marcha casi de forma inmediata. Hasta los empresarios han terciado para evitar otra retahíla de acusaciones apelando a que este caso “no sirva para devaluar la imagen de Andalucía”.

El secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, optaba por la prucencia al señalar que es pronto para hacer valoraciones “porquedesconocemos los datos que apoyan esta investigación, sobre todo en el caso de Almería, donde al parecer aún no se han llevado a cabo actuaciones concretas”.

Acusaciones
Por si sí o or si no, desde las filas del PP ya se han lanzado los primeros dardos, como en el caso del diputado Amços García, que habla de un fraude de 2.000 millones de euros y echa leña al fuego de la corrupción del Gobierno andaluz y recuerda los ERE.

El PP ha pedido ya la comparecencia de Susana Díaz en el Parlamento. El PSOE ha exigido una rectificación a quienes han lanzado falsos datos sobre este caso e IU asegura seguir con preocupación un caso para el que piden claridad y honestidad.