Sanciones de 1,3 millones a tres bancos por tener ‘vacías’ sus VPO

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha concretado un poco más la información que a principios de este mes ofreció su titular, Elena Cortés, sobre los expedientes sancionadores a entidades financieras que no habían puesto a disposición de registros municipales de demandantes sus VPO.

Cortés compareció en comisión parlamentaria y adelantó que de un total de 185 viviendas de protección oficial (VPO) que se habían detectado fuera de esos registros, 22 se localizaban en la provincia de Almería.

Faltó por detallar dónde se localizaban esos inmuebles y de los ocho entidades financieras a las que se había abierto expediente sancionador, cuántas había en esta provincia.

Ayer, fuentes del departamento que dirige Elena Cortés informaron que las sanciones pueden recaer en el Banco Popular, en el BBVA y en Servihabitat (filial inmobiliaria de La Caixa) en la geografía almeriense y que el montante total de las sanciones se elevará a 1,3 millones de euros.

De las 22 viviendas protegidas en Almería cuyos propietarios - los bancos - habrían incumplido la Ley de Función Social de la Vivienda, 15 corresponden al Banco Popular, 5 al BBVA y 2 a Servihabitat, según Europa Press Andalucía.
Las VPO del Banco Popular se localizan en El Ejido (7), Almería capital (2), Roquetas de Mar (2), Vera, Vícar, Cuevas del Almanzora y Huércal Overa. Las 5 del BBVA están ubicadas en la capital, El Ejido y Vícar y las 2 de Servihabitat en Albox y Los Gallardos.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha recordado que cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave.

La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda. Por ello, el montante de las sanciones en Almería se elevaría hasta los 1.320.000 euros.

En toda Andalucía, las sanciones superarían los 11,1 millones de euros.

La consejera dio cuenta de estos expedientes en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz el pasado 3 de abril. Allí puntualizó que esas 185 VPO en toda Andalucía “no son las únicas” sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la propia información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. Parte de la Ley se encuentra recurrida por el Gobierno de la Nación (PP).

“Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan”, señaló la consejera a preguntas de una parlamentaria de Izquierda Unida-Los Verdes en la Comisión de Fomento y Vivienda.