Sin acuerdo para la privatización del registro civil

La batalla del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la implantación de sus grandes proyectos de reforma judicial topa con la oposición de los principales operadores jurídicos, los sindicatos y buena parte de la sociedad civil. Justicia universal, aborto y Ley Orgánica del Poder Judicial avanzan lentamente entre fuertes protestas.

Uno de los frentes estancados es la modificación de los registros civiles. El Gobierno pretende transferir las competencias a profesionales externos, pero la intensa presión de los operadores para que los trámites continúen siendo gratuitos coloca al Ministerio de Justicia en una situación delicada para la definitiva concesión.

El Gobierno no encuentra destino y ya estudia un aplazamiento de la normativa. La ley reguladora de los nuevos registros civiles, encargados de expedir certificados de nacimiento, defunción y nacionalidad, debía entrar en funcionamiento el próximo 22 de julio, pero el Ejecutivo estudia retrasarlo.

Concentraciones

En la provincia, los registradores de la propiedad habían recibido comunicación  sobre el avance de las negociaciones e, incluso, algunos habían trabajado ya en la formación de los profesionales sobre las nuevas competencias. Sin embargo, el asunto queda ahora paralizado a expensas del Ministerio. Justicia prevé que los trámites (un servicio público al ciudadano) sean gratuitos, pero los profesionales (notarios y registradores de la propiedad, por ejemplo) demandan métodos para sufragar los costes del trabajo añadido.

La Plataforma en Defensa de la Justicia de Almería lleva meses realizando protestas semanales a las puertas de la Ciudad de la Justicia, principal sede judicial de la provincia. En las manifestaciones critican las consecuencias de la privatización de los registros civiles (“desjudicialización”), ya sea en el sobrecoste a los usuarios ya sea en los recortes para los empleados públicos hasta hoy contratados en estos órganos.

Según denunciaron los sindicatos, los secretarios judiciales comenzaron en el mes de mayo un inventariado de  la documentación (los tomos, el grosor, el espacio total ocupado) albergado en los registros civiles. Estas organizaciones valoran la pérdida de empleo de una privatización en 5.000 puestos en España y unos 50 en la provincia de Almería. Todos ellos están muy pendientes de la resolución del conflicto.