La Policía Nacional investiga una okupación masiva de casas en Villablanca

El barrio capitalino de Villablanca pone nombre a las contradicciones generadas por la crisis del ladrillo. Mientras unas familias compraron sus casas a "precio de oro" y pagan sus hipotecas con esfuerzo, otras disfrutan desde hace años completamente gratis de viviendas de dos plantas y patio propio.

La Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería investiga una okupación masiva de propiedades deshabitadas en esta zona de la ciudad. Los inmuebles pertenecen en su mayoría a una promoción impulsada por una sociedad granadina, aunque actualmente se reparten entre varias entidades financieras. 

Son víctimas del crack del mercado inmobiliario. En plena crisis económica, sin compradores en el horizonte cercano, las promociones quedaron a medio vender y las casas legítimamente compradas se mezclaron con otras sin habitar, plato muy suculento para los okupas.

Los primeros allanamientos datan del año 2011. La empresa responsable contrató a un guardia de seguridad privada y consiguió, con el apoyo constante de la Policía Nacional, minimizar los asaltos a las viviendas. Sin embargo, con el paso de la propiedad a los bancos la situación empeoró rápidamente y el panorama actual es muy complejo. Decenas de familias viven como okupas gracias a una especie de limbo legal.

Las soluciones son difíciles, pero una reciente denuncia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido popularmente como el "banco malo", puede ofrecer la clave. 

Agravio y frustración
La  Sareb ha presentado formalmente una denuncia ante la Comisaría Provincial de Almería para alertar de la okupación de veinte de sus casas unifamiliares (tipo dúplex) en Villablanca (cercanas a la barriada de Torrecárdenas), y la Policía Judicial ha iniciado una investigación para reseñar a los residentes. Las diligencias se entregarán en el Decanato de Jueces en los próximos días, según fuentes del caso.

Este paso es fundamental para activar el proceso judicial de desahucio porque los agentes requieren de una denuncia del propietario para abordar la identificación de los okupas de las casas y, si fuera necesario, solicitar registros. De este modo, una vez señalados los responsables de los allanamientos, los jueces decidirán la fecha del "lanzamiento judicial".

La Policía Nacional reconoce la existencia de más okupaciones en el barrio, si bien la principal diferencia radica en la iniciativa de los propietarios. Es decir, muchos inmuebles se consideran ‘activos tóxicos’ y han pasado de sociedades inmobiliarias a entidades financieras entre cierto caos. La propiedad se ha diversificado y, hasta ahora, sólo el Sareb ha presentado una denuncia formal.

En este contexto, el malestar de los vecinos es enorme. Viven con la frustración del agravio comparativo. Unos pagan mucho y otros viven gratis. Además, se quejan de problemas de seguridad ciudadana, intentos de robo y alteraciones del orden.

La Policía Nacional ha reforzado la vigilancia en todo el barrio y acude con frecuencia a las llamadas de los residentes "legítimos" de la zona. Además, según fuentes oficiales, la Subdelegación del Gobierno en Almería ha recibido ya a los vecinos para conocer de primera mano la situación e informarles de las gestiones realizadas. Villablanca espera.

Okupadas y alquiladas luego
La promoción de viviendas de Villablanca está salpicada de okupaciones ilegales. Sólo los inmuebles del Sareb suman una veintena y las investigaciones apuntan a varias decenas más. Muchas procedentes de los primeros allanamientos en el año 201