Los sindicatos protestan contra las sanciones al grito de “no nos callarán”

Los sindicatos UGT y CC.OO se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno, bajo el lema “no nos van a callar”, por las medidas que desde el Ministerio Fiscal se han tomado “contra los sindicalistas en toda España”, más de 200 casos según denunciaron los sindicatos, por el “mero hecho de estar haciendo su trabajo” en las huelgas generales de 2008 y 2012 para los que se piden, en algunos casos “hasta ocho años de cárcel”.

El secretario general de Comisiones Obreras en nuestra provincia, Juan Pallarés afirmó que el derecho de huelga y la actividad sindical “están recogidos en la Constitución española de 1978” por lo que señaló que “no es de recibo que  la Fiscalía, influida por el gobierno, pida la no encarcelación del ex presidente de Cajamadrid Miguel Blesa, por el caso Bankia, o la no imputación de la hermana del rey, por el caso Nóos, y sin embargo a sindicalistas por participar en un piquete en una jornada de huelga general se les pidan penas de prisión”. Puso como ejemplo a los dos sindicalistas de la provincia de Granada que ya han sido condenados y que se encuentran “esperando que instituciones penitenciarias les comunique el día de ingreso en la cárcel”.

Por su parte Félix López, secretario general de UGT afirmó que los empresarios y el gobierno “se quieren cargar el derecho a la huelga” criminalizando apuntó las “acciones legítimas” de los representantes sindicales. López dijo que se quiere hacer desde varios frentes “una coacción contra la huelga” y denunció que “las mayores coacciones vienen de parte de los empresarios que atemorizan a sus trabajadores a los que les dicen a sus trabajadores que si van a la huelga, al día siguiente tienen la carta de despido”.

Recordó que si esos hechos se hubieran producido hace años “serían denominadas como persecución sindical y presos políticos”, por eso justificó la concentración que busca que el gobierno y la fiscalía “dejen de criminalizar la acción social y laboral en la calle de los sindicalistas”.

En Almería
Los dos responsables sindicales reconocieron que en nuestra provincia no existen penas de cárcel a ningún representante sindical, pero sí penas administrativas que calificaron como “desproporcionadas” ya que se ha dado el caso de que su cuantía es de 600 euros de multa.

Afirmaron que una de las mayores preocupaciones sindicales sigue siendo el hecho de poder realizar hulegas sin amenazas. Para ambos representantes “sigue siendo un elemento de coacción para que no se produzcan huelgas”. Dijeron “desconocer” si alguna vez a un empresario, que ha impedido a sus trabajadores que hagan efectivo su derecho a la huelga, se le haya condenado “pero sí se ha producido en nuestra provincia y los sindicatos lo hemos denunciado”.