Alegan un derecho de admisión que se convierte en un caso de racismo y que Antonio Fernández Contreras está decidido a denunciar por ilegal. Lleva toda la vida sufriendo la discriminación en restaurantes y pubs, que le niegan la entrada por causa de su etnia, y ya no aguanta más. Ha recabado numerosa documentación y muestra una fotocopia de la norma que regula la limitación de acceso a los establecimientos públicos: “Sólo se puede negar la entrada a personas que portan armas, que presenten un estado de embriaguez o ropa y símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia”.
Él lleva una camisa de traje, pantalones de pinzas y el cabello rapado. Su tez morena es sin embargo suficiente para que “ya desde que me ven a lo lejos” los porteros de los locales de fiestas le hagan señales de prohibición.
El detonante “Siempre ha sido así en Almería. Tanto en la capital como en Vera, Mojácar, Roquetas”, confiesa. Por eso no se extrañó cuando el pasado 13 de julio, en una zona de marcha de Aguadulce, de nuevo se le negó la entrada. Iba con su mujer, paya, y dos primos también gitanos. “En el primer sitio al que fuimos nos dijeron que no nos dejaban pasar porque ‘no le daba la gana’ al portero”, relata. Decidieron pedir entonces el libro de reclamaciones y llamar a la Guardia Civil.
Estuvimos esperando cerca de media hora, y no fue hasta que los agentes apretaron al encargado cuando sacaron por fin el libro obligatorio. “No sólo tenemos derecho a reclamar, sino que también es un deber”, apunta su mujer, abogada de profesión.
Los afectados rellenaron la ficha sin que el encargado aportara una explipación y fueron invitados por los agentes a denunciar los hechos al día siguiente en Comandancia. Decidieron irse a cenar “en el único local de la zona donde sabemos que podemos entrar porque el propio dueño es gitano” y, poco después, intentaron tomar una copa en otro establecimiento. “Esta vez nos dijeron que la prohibición se debía a que no somos clientes habituales”.
Tenían razón. Antonio reconoce que nunca había intentado entrar en uno de esos pubs porque intuía lo que sucedería. “Los pubs del Puerto de Aguadulce, por ejempo, no los conozco por dentro; nunca he podido ir”, añade. Y les ocurre a todos los gitanos. “No podemos ir siquiera con nuestros amigos payos, porque sólo con uno de nosotros ya no dejan entrar a nadie”.
Las reclamaciones Lo triste, continúa, es que tampoco encuentran apoyo en las instituciones. Según Antonio y su mujer, en la Comandancia, al día siguiente, les instaron a no levantar denuncia y también en el Ayuntamiento de Roquetas dieron bastantes vueltas hasta que un técnico les explicó qué deberían hacer y cómo iniciar el proceso judicial.
Antonio y su mujer trabajan en el mismo buffette de abogados y han decidido llegar hasta el final, para lo que han recabado información sobre otras normativas incumplidas, según ellos, por los locales de fiesta. Y una de ellas es la obligación de informar en un espacio visible de ese supuesto derecho de admisión. “Los gitanos deciden no denunciar por el coste que supone, pero yo, ahora que tengo medios y mi mujer tiene formación, voy a llegar hasta donde me dejen”.
Antonio unirá además las denuncias de otros ciudadanos que sufren la misma discriminación. Ha declarado la guerra a la xenofobia, implantada más de lo que se cree, en una sociedad del siglo XXI.
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