Un asentamiento ilegal en Castell del Rey provoca las iras vecinales

Los vecinos de Castell del Rey han decidido poner fin de una forma u otra a la creciente presencia de okupas en el barrio. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de este barrio tranquilo ha sido a agresión que hace una semana sufría uno de los vecinos por parte de uno de los okupantes.
Una agresión que pudo tener malas consecuencias porque el vecino, que se acercó a comprobar la situación de una arqueta, recibió numerosos golpes con una barra o un palo que le provocaron lesiones por las que ha denido estar hospitalizado una semana. Costillas rotas, fuertes erosiones y hematomas y otras lesiones han indignado al resto del vecindario, que claman por la intervención de las fuerzas del orden, el Ayuntamiento de la capital y otras administraciones para poner fin a una situación insostenible.

Denuncias El problema no es nuevo, ya que desde hace varios años una persona ocupó un cortijo abandonado en las proximidades. El cortijo en cuestión, semiderruido, era propiedad de Almerinvest, pero posteriormente fue enajenado por Bankia y actualmente está en manos del SAREB, el ‘banco malo’.
Pero desde principios de este verano se ha agravado, al parecer a causa de un anuncio puesto en Internet ofreciendo comida y alojamiento a cambio de trabajo. A esa llamada han respondido más de una decena de personas, entre ellas varios extranjeros, que han acudido para aentarse en aquella zona.
Se trata de un asentamiento ilegal, ya que no disponen de instalaciones adecuadas, ni de agua corriente ni electricidad. Sin embargo los okupas han conseguido acceso tanto al agua como a la electricidad realizando tomas presuntamente ilegales en arquetas y casetas de la luz próximas.Los vecinos lo han denunciado reiteradamente, pero hasta ahora no han obtenido ni respuestas ni el interés de las administraciones.

Intolerable  Tras esas denuncias, la propia Asociación de vecinos ha remitido escritos a todas las administraciones implicadas en un caso como este, en el que problemas como la inseguridad ciudadana, la insalubridad o las agresiones al entorno ambiental en que se encuentra el barrio (incluido en zona de protección de los Acantilados Almería-Aguadulce) no están siendo debidamente atendidos por las autoridades.
Sin duda la agresión al vecino ha sido el detonante de una movilización con la que los vecinos pretenden decir ‘basta’ al problema. Por el momento, y tras un juicio rápido, al presunto ‘líder’ de estos okupas le ha prohibido el juez que regrese al barrio, pero al parecer ha hecho caso omiso y sigue libre y en la zona.
Los vecinos no quieren más problemas, ni que el barrio se llene de los animales sueltos que poseen los okupas, desde caballos a perros e incluso un jabalí que campa a sus anchas por las calles. Exigen de las autoridades una solución antes de verse obligados a recurrir a otras medidas.

El problema sufrido por los vecinos de Castell del Rey no es un hecho aislado. Cuando se trata de asentamientos ilegales, las cosas se complican, puesto que solo en el caso de que realmente se produzcan daños y hechos denunciables, es prácticamente imposible, por mucho miedo que se tenga, echar a alguien de un lugar. En las comunidades de vecinos las cosas tampoco son fáciles. Muchas  tienen el típico vecino desagradable, ese que hace la vida imposible a los demás, que ensucia el portal y nunca limpia, que amontona cosas en el pasillo de la comunidad, que no paga las derramas, que nunca acude a las juntas vecinales... La cuestión es si es posible o conduce a algo denunciar al vecino y es que mucha gente cree que para denunciar al vecino, lo primero es hacer una junta de propietarios  y esto no es así. Lo que ha de hacerse pasa por  ir a la policía o al juzgado y poner la correspondiente denuncia, siempre que el vecino sea sospechoso de haber cometido un delito. Y ese es el problema, que hasta que no se producen daños de tipo personal, la justicia sigue considerando faltas las amenazas o ataques de determinados inquilinos, en lugar de delitos, por lo que a lo más que se puede llegar en caso de que el molesto vecino destroce parte de la vivienda de otro o lo amenace de muerte es a una orden de alejamiento de la vivienda del denunciante, lo que implica el regreso de aquel al final del periodo establecido por la justicia, que es de un máximo de seis meses. Lo que suele suceder en estos casos es que quienes se van son los agredidos.