Una investigación iniciada en el Juzgado de Instrucción número Seis de Almería a principios de 2012 destapa una importante trama internacional de falsificación de tarjetas bancarias. Sus ramificaciones alcanzan a víctimas en países de cinco continentes y apuntan a una estafa continuada con daños millonarios.
La operación emana de unas diligencias abiertas en Almería en febrero de 2012 tras una alerta emitida por cajas de ahorro sobre la detección de tarjetas falsas. El magistrado Luis Durbán emitió un oficio a la Comisaría General de la Policía Judicial para indagar sobre la procedencia de las tarjetas y las presuntas implicaciones de dos empresas con operaciones fraudulentas consumadas o, simplemente, intentadas sin éxito.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, uno de los equipos más avanzados en la lucha contra el crimen organizado del país, inició una investigación sobre los indicios de un delito extendido en varios países. El primer informe emitido por la UDEF revelaba casi un centenar de afectados con cuentas en 56 entidades bancarias de 19 países repartido por todo el planeta. La operación cobraba entonces una dimensión global que escapaba a las competencias del juzgado almeriense.
Un año y medio después de las primeras diligencias, el Ministerio Fiscal solicitó la inhibición a favor de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y, tras una dispuesta sobre las competencias, a principios de este verano la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concedió esa facultad de investigación a la Audiencia Nacional (curiosamente ésta no la quería). Por tanto, el caso salta de Almería hasta el Juzgado de Instrucción número Cinco en Madrid.
Diligencias policiales
Según un auto al que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA, “de las investigaciones efectuadas se comprueba que como consecuencia de la utilización fraudulenta de las tarjetas de crédito han resultado afectados, por el momento y sin perjuicio de lo que pueda arrojar la instrucción, al menos 84 perjudicados que tiene sus cuentas en 56 entidades bancarias”. La resolución confirma, por tanto, las diligencias iniciales de Almería y apunta a la extensión de la investigación en la Audiencia Nacional.
Los países con ciudadanos afectados son Estados Unidos, Bulgaria, Colombia, Ucrania, China, Rusia, Islas Bermudas, Armenia, Argentina, Canadá, Japón, Brasil, Corea del Sur, Israel, India, Vietnam, Australia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos, además de España. “El número provisional de perjudicados es muy elevado, y podría aumentar, como también el importe de lo defraudado”, señala el auto que concede las competencias a la Audiencia. Según el informe de la UDEF, los agentes examinan las gestiones realizadas supuestamente por dos empresas radicadas en España con “algo más de un millón de euros en operaciones intentadas y 350.000 euros en lo referente a las consumadas”.
Clonación
No obstante, la instrucción podría revelar cantidades más importantes. No en vano, la UDEF anunció la necesidad de enviar una “comisión rogatoria” a cada uno de los países señalados para identificar a las personas cuyos datos de tarjetas de crédito fueron robados por “la trama delictiva” e, incluso, para colaborar con instituciones locales en el seguimiento de los rastros de la red criminal dedicada a la clonación (“parece probable que las tarjetas procedan de un clonado o falsificación”).
Hasta el momento no constan datos sobre el origen de la falsificación o, más concretamente, el proceso para la extradición de los datos personales y la creación de tarjetas falsas. Por el contrario, los agentes siguen el rastro del uso ilegal, dónde se sacaron cantidades en efectivo, dónde se pagó con las tarjetas y cuáles son las cantidades desfalcadas.
Así pues, la UDEF y la Audiencia Nacional mantienen abierta una investigación con frentes activos y ramificaciones en muchos países, siguiendo la senda abierta hace más de dos años en un juzgado de Almería.
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