Los tribunales se cruzan en el camino del centro de Bogaris

El Parque Comercial de Bogaris en Torrecárdenas se ha quedado sin licencia tras ser anulada por la Junta de Andalucía, según ha confirmado la delegada territorial de Fomento, Turismo y Comercio en Almería, Encarna Caparrós.

La anulación de la licencia se produjo hace aproximadamente medio año, el pasado 28 de marzo, y ha sido recurrida por la vía de lo contencioso-administrativo, ha explicado la propia delegada.

En declaraciones a este periódico, Caparrós ha recordado que con arreglo a la planificación urbanística de la ciudad de Almería, el PGOU aprobado en 1998, se solicitó la preceptiva licencia comercial y, “en ese momento”, según la Ley de Comercio Interior de 1996, se le otorgó el correspondiente permiso.

En concreto, fue el 30 de julio de 2008 cuando la Dirección General de Comercio de la Junta concedió la licencia a la empresa Commercia, Actuaciones Comerciales y de Ocio 5 S. para la instalación de un parque comercial en Torrecárdenas, según consta en el BOJA de 22 de agosto de ese mismo año.

“Pasan las fechas y no se pone en marcha. Se van pidiendo prórrogas y llega la modificación de la Ley del Comercio. Fue a partir del año 2010 cuando cualquier empresa promotora de estas instalaciones podía hacerlo con una licencia municipal de obras, que tenía que llevar obligatoriamente un informe autonómico”, explica Caparrós.

La delegada territorial de Comercio apunta a continuación que “por lo que sea” a los promotores del Parque Comercial de Torrecárdenas, ahora Bogaris Retail, “se les pasa la fecha” de renovación de la licencia.

“El 28 de marzo de 2014 se les comunica que se le anula la licencia por no haberla presentado en fecha”, incide Encarna Caparrós. “Habiendo tenido dos posibilidades para tener la licencia, lo que hacen es poner un recurso contencioso-administrativo. Lo plantearon el pasado 28 de mayo. Estamos ahí. Se está pendiente de los tribunales porque ellos podían haberse acogido a esas situaciones. No sabemos … Han tenido conversaciones con la Consejería. Han tenido posibilidad de seguir adelante, pero no puedo decir más, no sé más”, añade la representante en Almería de Comercio y Turismo.

Caparrós Plaza confirmó que en la zona para la que se autorizó hace seis años la licencia comercial “hay obras de urbanización”, pero en ese ámbito “no puedo entrar porque no es competencia nuestra”.

En el BOJA de 22 de agosto de 2008 se describía el proyecto de Bogaris como la instalación de un parque comercial (17 locales y 3 GSE: Leroy Merlín (11.450 metros cuadrados), Sprinter (3.150 metros cuadrados) y Media Markt (5.400 metros cuadrados), y una superficie total útil de exposición y venta al público (SUEVP) de 53.913 metros cuadrados.

Viviendas protegidas

El futuro de 550 viviendas protegidas y de más de 1.600 de carácter libre está aún por escribir.

A pesar de que en el BOJA de 2 de octubre de 2008 se refrendaba la modificación puntual del PGOU de Almería que contemplaba esas edificaciones junto a los terrenos del Parque Comercial de Torrecárdenas, en la actualidad solo se están ejecutando trabajos de urbanización en la zona reservada a uso terciario, es decir, a la superficie comercial, según apuntan distintas fuentes. No se está urbanizando la zona destinada a vivienda protegida.

La contrucción de viviendas en residencial protegido venía contemplada igualmente en el convenio firmado entre propietarios y Ayuntamiento de Almería a principios de 2006, tras el preceptivo acuerdo en Pleno a finales de 2005.

Para la modificación puntual del PGOU en esta zona de la ciudad, entre Torrecárdenas y La Pipa, fue preciso adaptarse a la norma andaluza que obligaba a reservar un 30 por ciento del suelo recalificado a vivienda protegida.

En este caso, la reserva era de 59.400 metros cuadrados de techo de residencial protegido, suficientes para construir un total de 550 viviendas. Es la cifra que aparece en el BOJA del 2/10/2008.

Dado que el Ayuntamiento de Almería tiene que construir parte de ellas, se puede concluir que unas 300 viviendas de promoción municipal estarían ahora a la espera de aclarar su futuro por el embrollo judicial, en varios frentes, en que se encuentra el proyecto de Parque Comercial de Bogaris en Torrecárdenas.

La empresa municipal Almería XXI no tiene entre sus planes para 2015 ninguna promoción en la zona en cuestión, según la memoria de los Presupuestos del Ayuntamiento.

La firma sevillana, a pesar de la anulación de la licencia comercial hace más de medio año, prosigue con la urbanización de sus terrenos y con la promoción de su proyecto. Puede comprobarse en su página en Facebook, donde aparecen fotos del stand que montó en el Congreso de Centros Comerciales en Málaga, con información detallada de sus inversiones en la capital almeriense y de las que se viene hablando desde hace casi una década.

Esta circunstancia fue recordada por el portavoz del PSOE, Joaquín Jiménez, en un debate que mantuvo con el concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, en abril de este mismo año.

Querella

La Justicia ha admitido a trámite una querella por presuntos delitos societarios presentada por siete propietarios de terrenos en el sector urbanístico de la capital donde está proyectado el Parque Comercial de Torrecárdenas, que promueve Bogaris Retail SL.

La querella fue presentada hace unos meses y como querellados figuran un total de seis personas, entre ellas dos representantes de Bogaris.

En el fondo de la cuestión se sitúa la cuota de representatividad de los distintos propietarios de terrenos en la Junta de Compensación que se creó en su día, una vez que las parcelas pasaron a tener un uso terciario-residencial, es decir, con posibilidad de acoger establecimientos comerciales y viviendas.

En la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, se subraya que en la Junta de Compensación se han adoptado acuerdos “por una mayoría ficticia”. Los querellantes defienden que tienen una cuota de participación superior al 50 por ciento, es decir, “el voto mayoritario”.

En la querella se pedía, en el apartado de medidas cautelares reales, una fianza cercana a los dos millones de euros. Sin embargo, fuentes jurídicas han apuntado a LA VOZ que el Ministerio Fiscal se opuso a que se aplicaran medidas cautelares hasta que no se tomara declaración por el juzgado que instruye la causa a los querellados. Además de la querella, ante la Justicia han llegado varios contenciosos-administrativos.