El fundador de Obrascampo, a la cárcel por fraude fiscal

Antonio Pérez  Torres, el fundador de Obrascampo, la empresa que fuera líder del sector  de la construcción y promoción inmobiliaria en la provincia de Almería, ingresó en la noche de ayer en la prisión de El Acebuche de Almería tras prestar declaración durante todo el día en el juzgado de instrucción  número uno de la capital acusado fraude fiscal y blanqueo de capitales. El empresario está acusado de defraudar más de 9 millones de euros  a la Hacienda Pública por el impago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Según señala el Ministerio del Interior, Antonio Pérez Torres, junto con otros dos socios,  creó un total de 17 “empresas fantasma” con el objetivo de desviar y apropiarse de las cantidades relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Otros socios La juez también decretó prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para uno de sus socios, Israel Martínez Marín, y libertad, aunque con cargos, para otro, Francisco Nieto Salvador. Los tres acusados, que fueron detenidos el pasado jueves y que permanecieron en todo momento en las dependencias de la Policía Nacional, llegaron a las 10 de la mañana de ayer sábado a la Ciudad de la Justicia, ubicada en Carretera de Ronda, en un furgón policial. Allí fueron trasladados hasta los calabozos, donde estuvieron hasta cerca de la una de la tarde, cuando fueron llamados a responder, acompañados por sus abogados, ante la juez. Tras más de ocho horas de interrogatorio, la juez decretó prisión  para dos de ellos,  Antonio Pérez e Israel Martínez.

Según el Ministerio del Interior, habrían ideado un entramado -constituido por casi una veintena de empresas que carecían de actividad laboral- con el objetivo de apoderarse de nueve millones de euros  procedentes de ingresos de IVA originados por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias de bienes de la sociedad, desde el año 2009 hasta el año 2012.

El ‘modus operandi’ del fraude fiscal también tendría una ramificación internacional, puesto que para ocultar el dinero  defraudado a las arcas públicas, finalmente se transfería a Marruecos, donde habrían establecido una base empresarial dedicada a la promoción inmobiliaria.  Las investigaciones sobre el complejo entramado empresarial comenzaron a mediados del mes de marzo, a raíz de una serie de informaciones  sobre unas sociedades que realizaban actividades en el sector inmobiliario, cediendo los créditos de unas empresas a otras sociedades en perjuicio de la hacienda pública. 

Daciones en pago Tras una laboriosa investigación de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, los agentes averiguaron que es a partir del año 2009 cuando estas sociedades cesan su actividad productiva, ideando un plan para ir entregando los bienes hipotecados a los bancos, obteniendo simultáneamente importantes cantidades de dinero en IVA. Para ello negociaron con las entidades bancarias hipotecantes “daciones en pago” entregando los bienes hipotecados a cambio de cancelar las deudas. Estas operaciones se facturaban con su correspondiente IVA. El dinero cobrado por el IVA de las operaciones no fue ingresado en la hacienda pública e idearon un procedimiento para ocultar el dinero recibido, utilizando un entramado de sociedades instrumentales trasladando el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas, apoderándose del dinero que habían cobrado de los bancos. 

Blanqueo Posteriormente el dinero obtenido de este fraude era blanqueado a través de inversiones en el extranjero, principalmente en Marruecos, adquiriendo bienes a nombre de nuevas sociedades sin cargas.

Las investigaciones culminaron con la detención de los tres socios. A todos ellos se les atribuyen delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, asi como insolvencia punible.   Además, durante la operación policial, llevada a cabo por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría provincial de Almería y agentes de la Agencia Tributaria de Almería, se practicaron dos registros domiciliarios, el primero en la vivienda Antonio Pérez Torres y el otro en una oficina.  Los agentes se incautaron de cuatro vehículos de alta gama, 23.000 euros en efectivo,  equipos informáticos y diversa documentación.