El próximo jueves, día 4, más de 9.200 docentes de nuestra provincia están llamados a las urnas para elegir a los 39 delegados de la ‘Junta Personal Docente no universitaria’. La presidenta del sector de enseñanza de CSIF, Eugenia Siles, ha señalado que afrontan desde su sindicato este proceso”con la responsabilidad de haber estado estos cuatro años trabajando de manera intensa” y de haber “visitado todos los centros educativos de la provincia”.
Programa Siles ha señalado que el programa electoral de este sindicato “es realista” ya que consta de unos principios básicos donde lo fundamental “es la defensa de la enseñanza pública por encima de todo y el reconocimiento social y laboral de la función docente”. Igualmente han ido explicando por los centros educactivos de la provincia sus propuestas sobre “la convivencia y la disciplina en los centros, la dignificación profesional de los docentes así como el Estatuto, las condiciones laborales de los profesores y el recorte de las prestaciones de Muface”.
Inspección educativa La presidenta de CSIF Enseñanza también afirma que hay entre los profesionales cierta preocupación con la inspección educativa “donde hay muchas quejas porque parece que son más controladores en vez de un equipo de asesoramiento al profesorado” por lo que proponen “la eliminación de tareas burocráticas que cada vez son mayores para el profesorado y que al final hunde al profesional entre los papeles de la burocracia”. Por ese motivo piden un cuerpo de inspección “profesional y que no esté politizado de ninguna forma”. Apuestan por un proceso “claro y transparente para la elección de la inspección educativa”.
Denuncia ante la OIT El sindicato CSIF también ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “el impago de los 44 días devengados en la extra de Navidad de 2012”. Aseguran en ese documento “la grave discriminación que sufren los empleados públicos andaluces con los del resto del país, ya que son los más recortados desde el inicio de la crisis” y han criticado “la insistencia de la Junta de Andalucía en dañar los derechos de sus propios trabajadores del sector de enseñanza”.
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