Casos como Costurero o Poniente ya no podrán durar más de año y medio

Almería era aún una doncella sin preñar por la corrupción mediática. No tenía esta provincia aún ninguna Malaya, ninguna Ballena Blanca que llevarse a la boca.  Llegaban con sordinas a los telediarios de las casas del Zapillo o de Nueva Andalucía esas macrooperaciones policiales acontecidas en la Costa del Sol. Hasta que el avispero empezó a zumbar por el Almanzora, en cuanto aventaron los primeros aires de crisis, y brotó Costurero.
El bar Feliciano de Zurgena, donde los jubilados jugaban al Chinchón, se vió aseateado de cámaras de televisión y fueron detenidos varios de los ediles municipales por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio por aprobación de licencias urbanísticas irregulares. Era la primavera de 2008.
Meses después, una temprana mañana de octubre de 2009, detuvieron a Juan Enciso, el entonces virrey de El Ejido, dando rienda suelta al Caso Poniente, al mayor hipermercado de presunta corrupción política y empresarial que ha parido (por ahora) esta provincia esquinada, con decenas y decenas de millones sustraídos a los ejidenses a través de Elsur.
No quedó ahí la cosa: con la recesión reventando las costillas de las economías domésticas, la indignación se cebó más en los almerienses que se desayunaban por las mañanas con el reguero de informaciones que iban dejando otros casos, menos mediáticos que el ejidense, pero no menos exasperantes para la ciudadanía.

Facturas y cheques
Por ejemplo el Caso Facturas, donde presuntamente se habrían emitido cientos de facturas falsas por miles y miles de euros desde el Patronato de Turismo, donde hay cargos públicos y funcionarios procesados; o el Caso Cheques, donde desapareciendo, sin explicaciones, más de 300.000 euros de una cuenta pública de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, donde los cazadores ingresaban las tasas por su actividad; o la trama de Tres Reyes, donde se investigan casos de falsificación, extorsión y supuesto chantaje donde aparece como imputado un abogado del Estado almeriense oriundo de Loja.
Estos cinco casos de presunta corrupción y trama organizada pra realizar delitos continuados, acumulan, en el peor de los casos, seis años  de instrucción y en el menor, 20 meses. Bien es verdad que  en el caso  Costurero, algunas de sus piezas cuentan ya con sentencia dictada, aunque otras aún no han llegado a la vista oral.
A partir de ahora, sin embargo, no se podrán reeditar procesos de instrucción de causas tan largos como los anteriores. El Gobierno aprobó el pasado viernes, en Consejo de Ministros, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que fija un plazo máximo de instrucción de seis meses o de 18, cuando la investigación, como en los casos anteriores, sea compleja.
Con ello, el Ministerio de Justicia persigue agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, así como regular las medidas de investigación tecnológica, que carecían de un marco legal adaptado a la nueva realidad.

No más macroprocesos
También se tratará de evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de casusas en lo que se conocen como macroprocesos: cada delito dará lugar a la formación de una causa única. Con ello, a partir de ahora, se evitaría un caso de las dimensiones de la Operación Poniente.
El último caso, conocido hace unos días como Operación Cobra, por un presunto fraude contra la Hacienda Pública cometido supuestamente por el fundador de Obrascampo, podrá regirse ya con esta  reforma de la Ley de Enjuiciamiento, que se estaba esperando como agua de mayo y que hace a la Justicia más justa, aunque tendrá que dotarse de más medios técnicos y humanos para que esa exigencia de agilidad a los jueces no sea pólvora de rey.