Pilar F. A. tiene 86 años y vive en una residencia de ancianos de Almería en compañía de su hermana. Como tantos otros niños criados en la posguerra española, cultivó una vida de trabajo duro y austeridad, con el ahorro como obligación y el esfuerzo como principio. A los 12 años de edad abandonó los estudios escolares llamada por la exigencia del mundo laboral de un país en reconstrucción y puso su talento con la aguja al servicio de una carrera como modista, entre el corte y la confección. Entre máquinas, patrones y dedales forjó una vida, primero como emigrante en Alemania y luego afincada en Madrid.
Pilar F. A. cumplió 82 años en 2009. Residía entonces en Madrid. Una mañana del mes de mayo una empleada de una sucursal de Caja Madrid en Vallecas, mujer con una relación de confianza, la llamó para ofrecerle un producto financiero muy ventajoso. Preferentes. Poco riesgo y mucho dinero.
En mayo de ese año Pilar F. A. adquirió un paquete de 500 títulos de participaciones preferentes por un valor de 50.000 euros y, hasta hoy, la mujer pasó a engordar la nómina de afectados por la “incorrecta” actuación de los bancos y cajas de ahorros, en palabras del presidente Mariano Rajoy.
Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Almería, a la que ha tenido acceso LA VOZ, da un paso muy importante en la recuperación de los ahorros de Pilar F. A. de 86 años. La magistrada Clara Eugenia Hernández ha condenado a Bankia (Caja Madrid) a devolver los 50.000 euros de la preferentista y abonar los intereses de demora devengados en los últimos cinco años.
Según la resolución judicial, la empleada de Bankia “ofreció productos que no se adecuaban al nivel de riesgo que (la clienta) era capaz de comprender dados sus conocimientos”. Y añade que “no le informó ni de las características ni de sus riesgos”.
Una venta irregular Las preferentes son productos financieros muy complejos, no tienen vencimiento y su rentabilidad no está asegurada, por lo que muchos inversores quedaron atrapados y sin dinero con la quiebra de Caja Madrid (rescatada luego con el FROB). Según indica la magistrada Clara Eugenia Hernández en su sentencia, “cuando la mujer firmó la orden de suscripción de preferentes (...) hubo una evidente falta de diligencia por parte de la entidad en el nivel de asesoramiento exigido al no informar a la demandante de forma clara, completa y en términos comprensibles sobre las características del contrato y los riesgos del mismo”. Esto provocó que “el desconocimiento de Pilar F. A. ante el riesgo real al se estaba enfrentando”, concluye la magistrada.
La afectada está representada por el letrado Carlos Palanca, colaborador de la Asociación para la Defensa de los Perjudicados de Entidades Financieras (ADPEF). Palanca valora positivamente la sentencia judicial y critica que “las entidades intentaron capitalizarse engañando a muchas personas”.
Palanca representa también a clientes de Bankia que compraron acciones de la entidad financiera y ya ha presentado tres demandas (civil) para la recuperación de las inversiones de vecinos de Almería que no recibieron información veraz sobre la situación de la caja y el riesgo de las aportaciones realizadas (entre 6.000 y 10.000 euros aproximadamente).
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