Imputan coacciones a dos empleados de un banco por encerrar a un cliente

David Castillo recuerda con  una sonrisa a medio camino entre la ironía y la indignación la entrada de la Policía Nacional en la sucursal bancaria de la calle Altamira (Almería). “Un agente se acercó al director del banco para preguntar qué pasaba, ¡pero el que les había llamado era yo!”. 

Esta no es la historia de un cliente encolerizado contra los trabajadores de una entidad financiera. Tampoco es el relato de una intervención policial contra un usuario desesperado y agresivo. Esta es la crónica de cómo un ciudadano común llegó a ‘su’ banco para negociar una cláusula de su hipoteca y acabó atrapado en el interior por un mecanismo antirrobo. 

Sucedió en noviembre de 2013 en una sucursal del Banco Popular y termina con dos trabajadores imputados por presuntos delitos de coacciones. David Castillo, representado por la abogada Rosa María Fernández (experta en asuntos civiles, mercantiles y de familia), presentó un escrito en el Banco de España para reclamar la anulación de la cláusula suelo. La petición surtió efecto y unos días más tarde recibió una llamada de una trabajadora del Banco Pastor (Banco Popular) para renegociar “las condiciones del préstamo hipotecario”.

El joven acudió a la cita con la convicción de conseguir una mejora en su hipoteca, pero pronto se topó con una situación distinta. “Me ofrecieron quitarme la cláusula suelo, pero sólo  hasta el año 2015”. La opción no gustaba a David Castillo, con 36 años de compromiso de pago por delante, que dudaba sobre la conveniencia de suscribir un acuerdo de  esas características. 

Además, el documento incluía un párrafo ‘sospechoso’. “Me comprometo a renunciar a cuantas reclamaciones judiciales o extrajudiciales tenga planteadas en este momento por el mismo asunto ante su entidad”, recoge textualmente, según el documento consultado por LA VOZ. “Y a no plantear nuevas reclamaciones en relación con el mencionado pacto mientras se encuentre en vigor el actual”.

Así pues, el joven hipotecado decidió no firmar y llevarse una copia para consultar las condiciones con más detenimiento junto a su abogada, Rosa María Fernández. Se desató entonces el conflicto, ahora en los tribunales.

A los tribunales
Según expone un auto del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería, la empleada de la oficina insistió en que no podía llevarse una copia y, cuando Castillo se dirigía hacia la puerta de salida, ésta avisó al director de la sucursal “a la voz de ‘que se lleva el documento’ ” y cerraron la puerta con un mecanismo de seguridad. “Bloqueó la puerta de salida de la oficina apretando el botón que activaba el sistema antirrobo, de modo que David no puso salir”, dice la instructora.

Se produjo entonces una situación rocambolesca. Un cliente atrincherado en la puerta con un copia del documento, un amigo haciendo de pantalla y los empleados intentando que les devolviera el papel. “Me decían que era un documento interno y que les estaba robando”, recuerda el denunciante. Fue entonces cuando telefoneó a su letrada y a la Policía Nacional.

Los agentes se personaron en la oficina unos 20 minutos después, según la versión del cliente, y, tras aclarar las posiciones de cada uno de los implicados, convencieron al personal del banco para que permitiera la salida del ciudadano con el documento, con la palabra COPIA manuscrita improvisadamente en el centro del folio. 

El asunto derivó en dos procesos judiciales, según explica Rosa María Fernández. “Por una lado, está el procedimiento civil por la cláusula suelo y, por otro, el penal por un delito de coacciones”, describe la letrada.

Ahora el Juzgado de Instrucción número Seis de Almería ha dictado un auto en el que cierra la instrucción y abre el proceso de juicio oral contra los dos trabajadores del banco por un presunto delito de coacciones (la acusación estudia si existiría también un delito de detención ilegal).

De momento, el auto asevera que “(el director) no permitió a David salir de la oficina con el papel”  y que fue únicamente la mediación de la Policía Nacional la que consiguió desbloquear la situación en la oficina. 

El auto ha pasado a manos de la Fiscalía Provincial y de las partes implicadas para que realicen sus informes, aunque fuentes jurídicas señalan que la entidad financiera habría presentado ya recurso contra la resolución de la instructora. 

Afirma el denunciante que, en los meses posteriores al episodio recibió llamadas del Banco Popular para mejorar las condiciones de su actual crédito hipoteca. Aquí tampoco ‘firmó’.